A pocas semanas de que dé comienzo el juicio del 1-O, tanto Carles Puigdemont como Quim Torra han visto en la apertura del juicio oral una nueva oportunidad para internacionalizar el procés independentista. Ahora, el objetivo será “denunciar las irregularidades de la justicia española” en la causa contra Junqueras y el resto de ex consejeros.

Según explican al Confidencial Digital fuentes del Govern, los dos “presidents” buscan repetir la estrategia que ya se empleó, precisamente, durante el referéndum del 1-O: traer a “observadores internacionales” para dar testimonio en Europa y el resto del mundo de los “abusos” cometidos por las autoridades españolas.

Para ello, Torra ya ha encargado al nuevo consejero de Exteriores, Alfred Bosch, que busque a políticos, abogados y analistas de diferentes países del Viejo Continente, para que estén presentes en la sala cuando los líderes del procés sean interrogados por el juez y la Fiscalía.

Bosch, de hecho, ya se ha reunido con Carles Puigdemont en Waterloo para ir perfilando esta estrategia y la apertura de nuevas “embajadas catalanas” en las que también se hablará, y mucho, del juicio del 1-O.

Contra Marchena y las acusaciones

Los ejes fundamentales que analizarán estos observadores fundamentales serán dos: la “falta de independencia” de la Justicia en España, y la “ausencia de argumentos” para encausar a los líderes soberanistas por los delitos de malversación, rebelión y sedición.

Así, por un lado, los expertos reclutados por el Govern recordarán que el actual juez responsable del juicio del 1-O, Manuel Marchena, fue el candidato pactado por PSOE y PP para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y que solo una indiscreción de Cosidó impidió el nombramiento.

De esta forma, se quiere demostrar que “el poder ejecutivo influye en el judicial” y que eso ha provocado que a los presos del procés se les imputen delitos que, según afirman desde el Govern, “no cometieron”.

Los gastos de Raül Romeva

Lo paradógico de esta apuesta por fichar a nuevos observadores internacionales es que Oriol Junqueras y Raül Romeva están siendo juzgados por malversación, entre otras cosas, por destinar dinero de la Generalitar para sufragar los gastos de alojamiento y dietas de los políticos y abogados extranjeros que fueron reclutados para el 1-O.

Tal y como adelantó este digital, la Comisaría General de Información encontró “documentación relevante” sobre los gastos del 1-O que afectarían, de lleno, al propio Junqueras y al ex consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. Así, y siempre según la información de la Policía, ambos usaron dinero público para organizar el referéndum y pagar a observadores internacionales.

Ahora, el nuevo Govern de Quim Torra podría incurrir en un nuevo delito de malversación si gasta un solo euro en pagar la estancia de estos nuevos observadores internacionales. Una amenaza que se está teniendo muy en cuenta, en esta ocasión, por parte de la Generalitat.



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