Natan Espinosa, presidente de Jusapol, atiende a los periodistas en una de las manifestaciones convocadas por la asociación.

Hace poco más de un año no existía y hoy es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional tras arrasar en las elecciones celebradas este miércoles. Justicia Policial (Jupol), el brazo de la Asociación Jusapol en el Cuerpo Nacional, ha conseguido mucho más que ocho de los 14 vocales en el Consejo de Policía: salir reforzado en su reclamación de que se tramite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) -para la que recogieron más de medio millón de firmas- con la que se blinde la “equiparación salarial real”.

Cofundador y presidente de Jusapol, Natan Espinosa (Valladolid, 1976) desgrana en esta entrevista concedida a El Independiente las claves del triunfo del sindicato -cuyos estatutos se inscribieron el 9 de abril de 2018- y cuál será la primera medida que adoptará Jupol en cuanto se constituya el órgano colegiado de representación en la Policía: presentar un conflicto colectivo permanente.

Espinosa, destinado en labores de seguridad ciudadana y adscrito a la comisaría provincial de Palencia, carga contra las organizaciones tradicionales y advierte de que no pararán hasta ver cumplido el objetivo por el que echaron a andar coincidiendo con el despliegue en Cataluña por el 1-O. También garantiza que no habrá prebendas y que se marchará cuando logren que los policías y los guardias civiles cobren exactamente lo mismo que los mossos o los ertzainas. “Esto es cuestión de dignidad”, proclama.

Pregunta.-¿Cómo explica el incontestable triunfo de Jupol en las elecciones al Consejo de Policía?
Respuesta.-Esto es un movimiento de hartazgo hacia el modelo sindical tradicional que llevamos sufriendo en la Policía Nacional desde hace 30 años. Desde el acuerdo de equiparación salarial que se incumplió en 1992 prácticamente no han obtenido mejoras.

P.-¿Eso explica la desafección del colectivo hacia los sindicatos tradicionales? Los votos recibidos por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), hasta ahora la primera fuerza en el Cuerpo Nacional, representan tan sólo la mitad de sus afiliados…
R.-Eso ha influido pero no ha sido el factor determinante, sino el acuerdo de equiparación salarial firmado el 12 de marzo de 2018. Se pusieron del lado del Gobierno, dejaron a compañeros fuera e incluso nos han querido vender que era una equiparación real, total y completa cuando todo el mundo sabe que no lo es. Eso ha influido mucho. No sólo lo firmaron sino que nos han tratado como si fuéramos tontos. Así llevamos 30 años en la Policía.

P.-Con más reposo, ¿qué lectura hace de los resultados que han arrojado las elecciones al Consejo de Policía?
R.-La lectura que hacemos es que el modelo sindical que ha habido en la Policía durante 30 años ha terminado. Y sucedería lo mismo en la Guardia Civil si se celebraran las mismas elecciones. Queremos un cambio, un cambio hacia la transparencia y las buenas prácticas. No podemos estar instalados en el clientelismo de toda la vida.

La cifra de 1.500 millones no era sólo de Jusapol; los sindicatos representativos también dijeron que esa cantidad o no negociaban nada”

P.-¿Qué estudios manejan para cifrar el coste real de la equiparación salarial en 1.500 millones de euros, casi el doble de la cantidad comprometida por el Ministerio del Interior (807 millones)?
R.-1.500 millones era un número que no solamente hizo Jusapol, sino también los sindicatos representativos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. A la hemeroteca me remito; ellos mismos dijeron que o 1.500 millones o no negociaban nada. Antes de esta subida, en los complementos específicos de las nóminas había una diferencia de más de 600 euros brutos mensuales. Si eso lo multiplicas por los 140.000 funcionarios que integramos la Guardia Civil y la Policía Nacional y por 12 mensualidades, te sale más de 1.100 millones de euros. A eso hay que añadirle las jubilaciones, las pagas, los servicios extraordinarios… No hay que ser muy duchos en economía para saber que todo eso excedía los 807 millones ofrecidos.

P.-¿Y no cree que, si no se aceptaba esa última oferta, policías y guardias civiles corrían el riesgo de perder la oportunidad de ver incrementadas sus nóminas ante la exigencia de otros colectivos profesionales y las limitaciones presupuestarias existentes?
R.-Ésa es la técnica que siempre han utilizado Gobierno y sindicatos. La cuestión es que nosotros no veníamos a por una subida salarial; esto es cuestión de dignidad. Y la igualdad no se negocia. No hemos venido a que nos suban el sueldo, sino a tener la misma jubilación, ir a juicio y cobrar lo mismo, tener idéntica paga extraordinaria… No somos menos que nadie.

P.-¿Van a interponer el conflicto colectivo permanente cuando se constituya el nuevo Consejo de Policía, como han anunciado durante la campaña?
R.-Sí, lo que hemos dicho lo vamos a cumplir. En cuanto se constituya el Consejo de Policía, lo que prevemos para principios de julio, Jupol planteará un conflicto colectivo permanente y se levantará de la mesa hasta que se tramite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que se garantice esa equiparación salarial. Esa ley se nos promete desde hace más de 30 años y no se no ha dado.

Los sindicatos se pusieron del lado del Gobierno y han querido vender que era una equiparación cuando todo el mundo sabe que no lo es”

P.-¿Qué recorrido le augura a esa ILP, que quedó en suspenso por la disolución de las Cortes con motivo de la convocatoria electoral?
R.-La Mesa del Congreso tiene ahora que decidir. La puede retrotraer hasta el punto que estime conveniente, siempre y cuando sea a partir del momento en que se validaron las 500.000 firmas. Estamos esperando que se constituyan las comisiones para que nos digan en qué punto empezamos. Nos hemos reunido con todos los partidos políticos y nos dicen que esa ley es jurídicamente viable.

P.-¿Jupol va a mantener el conflicto colectivo permanente hasta que no se apruebe esa ILP?
R.-Sí, sí, sí. No nos fiamos de los gobiernos que han estado en estos 30 años. Han firmado acuerdos con los sindicatos en 1992, 2005 y en 2018 y no se ha cumplido ninguno de ellos. Como tenemos esos antecedentes y los acuerdos sujetos a disponibilidad presupuestaria se pueden cumplir o no, no vamos a esperar más tiempo.

P.-Sostiene algún sindicato que la presentación de ese conflicto permanente podría llevar a Interior a congelar el pago del tercer tramo de la equiparación…
R.-Esos sindicatos lo único que hacen es propagar la ley del miedo. Tienen que leer el dictamen del Consejo de Estado, que, a pregunta del Gobierno, le contestó que un acuerdo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos no es vinculante y que depende de la buena fe de negociación. No tenía siquiera por qué pagar el segundo tramo. Con esos antecedentes, ¿quién nos garantiza que se va a cobrar el tercer tramo el año que viene? Y eso está vinculado a que haya presupuestos.

P.-¿Cree que el ministro Grande-Marlaska tiene la voluntad de cumplir el acuerdo firmado por su antecesor?
R.-No, puesto que le ha preguntado al Consejo de Estado si puede incumplir ese acuerdo. Ya lo incumplió en 1992, lo incumplió en 2005 y lo ha vuelto a incumplir en 2018. No ha entregado los informes de la auditoría, ha dejado sin pagar 200 millones de los compañeros de segunda actividad y reserva… Todo apunta a que no tiene voluntad por tramitar esa ley.

Grande-Marlaska no tiene voluntad por respetar el acuerdo puesto que le ha preguntado al Consejo de Estado si puede incumplirlo”

P.-El acuerdo firmado en marzo de 2018 incluye una cláusula por la que Interior se comprometía a impulsar las medidas legislativas necesarias para evitar nuevas “disfunciones” en el futuro. ¿Ese artículo no tiene ninguna validez?
R.-Como bien ha dicho el Consejo de Estado, el acuerdo que firmen el Ministerio del Interior y los sindicatos no es vinculante. Insisto, se han firmado tres acuerdos en 30 años y no se ha cumplido ninguno. Sólo con voluntad política se hacen las cosas.

P.-¿A qué atribuye que Interior devolviera el informe final que le entregó la consultora externa a finales de febrero?
R.-Es muy sencillo: no nos quieren dar la equiparación salarial. Mucho nos tememos que ese informe apunta a los 1.500 millones que nosotros marcamos en un principio. Si no quieren dar esas cifras será por algo. Por eso no nos fiamos.

P.-A la espera de que se retome la tramitación de la ILP, ¿Jusapol va a convocar nuevas movilizaciones en la calle para seguir reivindicando lo que ustedes denominan la “equiparación real”?
R.-Sí. Esto no va a parar hasta que nos den la equiparación salarial. Y todo pasa por que se firme una ley que garantice dicha equiparación para todos: jubilados, viudas, huérfanos… En definitiva, para las 140.000 familias que están detrás nuestra.

Si Interior no quiere dar a conocer el informe de la consultora será por algo; nos tememos que apunta a los 1.500 millones que decíamos”

P.-Junto a la ejecución de la equiparación salarial, ¿qué otro objetivos estratégicos se marca Jupol?
R.-Al iniciarse todo esto dije en innumerables ocasiones que, cuando se consiguiera la equiparación salarial, Jusapol debería desaparecer. Cuando se firme la ley que lo garantice yo como presidente propondré la disolución de la asociación Jusapol. Si mi directiva entiende que Jusapol tiene que estar hasta que se materialice el pago en las nóminas yo, siendo consecuente con mi conciencia, presentaré mi dimisión y seguiré trabajando como policía de seguridad ciudadana. Y Jupol y Jucil [la asociación profesional en la Guardia Civil] tendrán que pedir a sus socios que voten sobre la continuidad, quedando en ese caso como un sindicato más que preste servicio a sus afiliados.

P.-Insisto, ¿qué otras prioridades se marca el nuevo sindicato mayoritario de la Policía?
R.-Jupol tiene que cambiar el modelo tanto en la Policía como en los sindicatos porque está obsoleto. Y hay que cambiar leyes que llevan en la Policía Nacional desde hace 30 años, el funcionamiento del Consejo de Policía es arcaico… Hay que avanzar en transparencia.

P.-Habla de una mejora notable en materia de transparencia. ¿Cómo se van a financiar Jupol y Jucil?
R.-Se financian con las cuotas de sus afiliados. Ellos tienen un portal de transparencia donde publican esas cuentas y tienen que hacer un uso razonable de ese dinero. Los fondos son para dar servicio al policía o al guardia civil.

P.-¿Van a renunciar a las subvenciones públicas que les corresponde en proporción a su representación?
R.-El problema no está en renunciar a esas subvenciones, sino en la transparencia. Si se publica esa ayuda y se le dice a los afiliados los fines en los que revertirá… El problema no es la subvención, sino qué haces con ella. Hay que hacer un uso razonable y dedicado al socio.

El fin de este movimiento no es buscar el bien propio, sino el del colectivo. Queremos evitar las malas prácticas y los abusos”

P.-A los dirigentes de Jupol, ¿les va a pagar el sindicato dietas y le va poner coches a su disposición para realizar el trabajo?
R.-No, no. Ellos tienen un código ético de buenas prácticas y transparencia -como en Jusapol- que no contempla ese tipo de prebendas. El fin de este movimiento no es buscar el bien propio, sino el del colectivo. Incluso hemos planteado que más de ocho años no se puede estar en el cargo, entre otras limitaciones. Queremos evitar las malas prácticas y los abusos que ha habido hasta ahora.

P.-¿Se va a liberar usted aprovechando los vocales conseguidos por Jupol en el Consejo de Policía?
R.-No, no. Teníamos muy claro que no queríamos ser un sindicato, por lo que la directiva de Jusapol no está en ningún comité de ningún sindicato. Jusapol tiene que seguir manteniéndose fuera del sistema. Mi dignidad está por encima de todo. Lo que se ha dicho se va a cumplir. Otra cosa es que Jusapol utilice esas herramientas de representación para conseguir sus objetivos, que es lo que vamos a hacer ahora.

P.-¿Cree que Grande-Marlaska debería repetir como ministro del Interior?
R.-Ha dejado mucho que desear.

P.-¿Cuál es el principal reproche que le hacen?
R.-La equiparación salarial. Han estado vendiendo que es una equiparación salarial cuando no lo es. Han aguantado manifestaciones y concentraciones nuestras –la última la del 6 de abril, con más de 160.000 personas en Madrid– y no nos ha querido recibir. Le hemos pedido la modificación de dicho acuerdo y no nos ha respondido, le hemos pedido la tramitación de la ILP y la están alargando… Tiene que hacer un poco de autocrítica y reunirse con esta asociación. El ministro se ha reunido con otras organizaciones que no son representativas, como con la de policías nacionales y guardias civiles jubilados, las de víctimas del terrorismo… ¿Por qué no se quiere reunir con Jusapol? Todo lo que hemos hecho ha sido dentro de la legalidad vigente y respetando siempre la libertad de expresión.

P.-¿Han desaparecido las cloacas de la Policía Nacional?
R.-No tengo la condición de representante sindical y prefiero guardar silencio. Ahora bien, sí le diré que ese tipo de conductas no representa ni a la Policía Nacional ni a los policías nacionales.

El sindicato de Vox? Eso forma parte de la campaña de desprestigio. Jusapol ha demostrado que es neutral y seguirá siendo neutral”

P.-¿Jupol es el sindicato de Vox?
R.-Se nos ha atacado de dos maneras: diciendo que éramos violentos y radicales y que teníamos afinidad con un partido político. Nos han vinculado unas veces con Podemos, otras a Ciudadanos y también a Vox. Lo cierto es que esa ILP la han votado 318 diputados del Congreso, a excepción de los catalanes y los vascos. Eso quiere decir que Jusapol ha estado de forma neutral con todos los partidos políticos que apoyan esa equiparación y cumplen con la legalidad vigente. Todas las formaciones han sido invitadas a nuestras manifestaciones y hemos ido a las reuniones a las que nos han citado. Todo eso forma parte de una campaña de desprestigio. Jusapol ha demostrado que es neutral y seguirá siendo neutral.

P.-Hay quien pronostica que el ‘efecto Jusapol’ se irá diluyendo, como ha pasado en política con Podemos…
R.-Hemos demostrado que, durante dos años y medio, esto no ha ido a menos. Esto es una cuestión de dignidad e igualdad, negadas en los últimos 30 años. Si nuestro objetivo hubiera sido otro, lo más seguro es que se hubiera disuelto en un año. Que no dude ningún gobierno que no vamos a parar hasta conseguir la equiparación real. Éste es nuestro único objetivo.



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