Ana Miranda, , Diana Riba, Jordi Solé y Pernando Barrenba, de Ahora Repúblicas.

La Junta Electoral Central supervisará si la fórmula de acatamiento de la Constitución por parte de los nuevos eurodiputados se adapta a la legalidad y si, por tanto, han adquirido su condición de tal. La que más dudas puede despertar es la de la independentista Diana Riba, esposa de Raul Romeva. Con una chaqueta amarillo limón ha prometido “por el derecho de autodeterminación, por la libertad de los presos y el regreso de los exiliados”, aunque al final ha pronunciado la frase mágica de “sí prometo”, lo que valió para el Congreso de los Diputados cuando otros independentistas decidieron adornar su acatamiento de proclamas políticas.

Otros, como Miguel Urban, lo han “hecho por imperativo legal” y prometiendo trabajar por las “clases populares”; Pernando Barrena, de Bildu lo hace sólo “hasta la constitución de la República vasca”; y Eugenia Rodríguez Palop, también de Podemos, “por la lucha feminista”. El eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart ha recordado que “por imperativo legal estamos aquí todos” y que se dejasen de protagonismos, mientras que los de Vox, con Jorge Buxadé al frente, han soltado un estentóreo “por España”.

Fuertes medidas de seguridad

El acto lo presidía la Junta Electoral Central que ha recordado, al inicio del acto, que conforme al artículo 224.2 de la Ley Electoral General (LOREG), “los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución”, reservándose el derecho a supervisar si se han cumplido los requisitos exigidos, de modo que no se comunicará hasta las 4 de la tarde a los 54 eurodiputados españoles si han adquirido dicha condición.

Entre ellos no estaban ni Oriol Junqueras, ni Carles Puigdemont -aunque sí su abogado, Gonzalo Boye- ni Antoni Comín, a pesar de que las fuertes medidas de seguridad en el Congreso les hubiera impedido acudir a la cita sin ser antes detenidos y puestos a disposición judicial.

El primero, porque el Tribunal Supremo le ha prohibido acudir al Congreso, y los segundos porque están fugados. Eso sí, tenían sus asientos reservados en la sala Constitucional de la Cámara Baja justo al lado de los eurodiputados de Vox. El mismo artículo de la LOREG determina que si transcurridos cinco días desde su proclamación como eurodiputados electos no ha habido acatamiento constitucional, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes y “suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento”.



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