El martes, el registro de la Fiscalía General del Estado recibió el recurso de la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles contra el archivo de las querellas contra Mariano Rajoy y Carlos Lesmes.

Pues bien. Según ha sabido Confidencial Digital, la Fiscalía ya tiene decidido que “desestimará” los escritos de esta asociación, que fueron redactados por el exjuez Elpidio Silva, y se adherirá al archivo que dictó la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Se trata de dos querellas interpuestas por dicha asociación por impedir la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y por designar a jueces afines al PP en “los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional”.

Los miembros del CGPJ

La querella contra Lesmes y los vocales del CGPJ fue interpuesta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un delito continuado de prevaricación.

Según Silva, existía un plan perfectamente diseñado para colocar a magistrados afines al PP “en las Salas de Enjuiciamiento de las que se conocía habían recaído los procedimientos judiciales relacionados con la corrupción del partido”, modificando las normas de los tribunales para conseguirlo o con la creación de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que ocupan Enrique López, recusado del tribunal de la Gürtel, y Eloy Velasco.

También incluye el nombramiento de Concepción Espejel como presidenta de la Sala de lo Penal de la AN y a María José Rodríguez Duplá, presidenta de la Sección Segunda de dicha Sala.

Todo esto, incumpliendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Esta querella fue interpuesta en mayo.

Rajoy, los ministros y el TC

La segunda se presentó en agosto, también ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, y acusaba a Mariano Rajoy, a su Consejo de Ministros y a los miembros del Tribunal Constitucional de prevaricación y de un delito contra los derechos cívicos por impedir la investidura de Puigdemont.

Silva alegó que el ex president fue el candidato elegido democráticamente en las elecciones del 21 de diciembre de 2017.

Puigdemont intentó presentarse a la investidura desde Bruselas, ya que huyó de España el 31 de octubre, ante su inminente detención por convocar un referéndum ilegal. De hecho, así sucedió con los ex consellers de la Generalitat.

El TC se lo impidió, prohibiendo el 27 de enero cualquier investidura no presencial, por medios telemáticos, por sustitución de otro diputado o por voto delegado.

Además, advirtió a Puigdemont que si quería presentarse presencialmente, debía hacerlo tras entregarse a la Justicia y con permiso del magistrado.

El TC actuó de esta manera tras pedir al Consejo de Estado que se pronunciara sobre la posibilidad de acudir al Tribunal para impugnar la investidura del ex president si no lo hacía de forma presencial.

Nada más conocer el dictamen del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros  “ordenó en ese mismo día a la Abogacía del Estado que presentara impugnación ante el Tribunal Constitucional con expresa invocación del artículo 161. 2 de la Constitución española a sabiendas que con dicha decisión burlaban el resultado obtenido democráticamente en las urnas”.

El Supremo y la Fiscalía rechazaron las querellas en su momento, pero la asociación ha presentado sendos recursos de súplica ante la Fiscalía, que en breve hará público su desestimación de los mismos.



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