El excomisario Villarejo y Adrián de la Joya

La Audiencia Nacional sospecha que el empresario de la ‘jet set’ Adrián de la Joya cobró una comisión por hacer de nexo con el comisario vinculado a las cloacas del Estado José Manuel Villarejo. En concreto, esa labor de intermediación se hizo en relación a las gestiones desarrolladas para impedir la detención y extradición de Ángel Pérez-Maura, cuya entrega reclamaban las autoridades de Guatemala por el pago de ‘mordidas’ a cambio de la obtención ilícita de un contrato millonario para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en el país centroamericano.

De la Joya y Pérez-Maura son de los cinco arrestados este miércoles por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por su presunta implicación en los hechos que se investigan en la pieza separada denominada Pit, una de las ramas en las que se ha desgajado el caso Tándem y que mantiene en prisión preventiva a Villarejo desde noviembre de 2017. Se investigan tanto cohechos internacionales como sobornos a nivel nacional.

Según ha informado el Ministerio Público, los otros cuatro arrestados son Ángel Pérez-Maura, Álvaro Pérez-Maura y Francisco Javier Soucheiron -ambos vinculados a la naviera- y el abogado Enrique Maestre. Los cinco pasarán a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia entre este jueves y viernes.

Los investigadores creen que De la Joya fue el nexo con el policía para que éste frustrara la extradición de un naviero a Guatemala

Las pruebas reunidas por los investigadores les llevan a atribuir a Adrián de la Joya el papel de “aliado de Villarejo”, una de sus personas de máxima confianza, y quien contactó con con el controvertido policía para que llevara a cabo gestiones que impidieran la extradición del naviero cántabro Ángel Pérez-Maura, finalmente rechazada por la Audiencia Nacional. Por esos servicios, el grupo empresarial del comisario Villarejo cobró 10 millones de euros a A. Pérez y Cía SL, la sociedad controlada por Pérez-Maura. Al menos 1.210.000 euros se justificó como “prima de éxito”, al lograr que no prosperara la extradición que se tramitaba. Una parte de esos diez millones habría ido a parar al bolsillo de De la Joya, según apuntan fuentes de la investigación a El Independiente.

El 14 de abril de 2016, las autoridades guatemaltecas ordenaron la detención y entrega del empresario español, investigado por pagar presuntamente una comisión de 30 millones de dólares al hoy presidente de Guatemala Otto Pérez Molina a cambio de que se le adjudicara la construcción y explotación de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal (TCQ).

Según se detalla en las facturas emitidas por Villarejo a A. Pérez y Cía a través de grupo Cenyt, ambas partes firmaron un “contrato de prestación de servicios” el 28 de abril de 2016, justo 14 días después de que Guatemala reclamara la entrega de Ángel Pérez-Maura.

1,45 millones en provisión de fondos

De acuerdo con la documentación que obra en poder de este medio, ese mismo día emitió Villarejo la primera factura a su cliente a través de su empresa Stuart & Mckenzie. Fue por importe de 1.452.000 euros (incluido el 21 % de IVA) y el concepto que aparece en la factura es “Defensa legal ante procedimiento judicial en Guatemala de TCQ de conformidad con hoja de encargo de 28 de abril de 2016”.

Cuando se emitió esa factura, el policía José Manuel Villarejo seguía ejerciendo como agente encubierto de la Policía Nacional, cuerpo en el que causó baja por jubilación voluntaria el 22 de junio de 2016. Después del 28 de abril de 2016, sus empresas -Cenyt y Stuart & Mckenzie- emitieron otras 17 facturas hasta el 27 de abril de 2017: una de 1,2 millones, otra de 89.120 euros, tres de 89.520 y 12 de 58.080 euros, éstas fechadas entre el 12 de mayo de 2016 y el 30 de enero de 2017 con periodicidad mensual.

‘Dos’, la misteriosa anotación

Entre la documentación intervenida por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional al comisario ya jubilado tras su detención a principios de noviembre de 2017 se encuentra una agenda en la que figura una anotación -‘Dos’- que los investigadores tratan de determinar si se corresponde con la forma en clave con la que el hoy preso se refería a Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones y fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia. Estas pesquisas se enmarcan en la pieza separada Pit –ahora reactivada con las cinco detenciones practicadas este miércoles-, en la que se investigan los servicios que Villarejo habría prestado al empresario español Ángel Pérez-Maura cuando la Audiencia Nacional instruía su procedimiento extradicional.

Tanto Delgado como el comisario jubilado han negado haberse reunido para tratar la entrega a las autoridades guatemaltecas de Pérez-Maura. Así lo declaró públicamente Delgado y lo puso por escrito el controvertido policía en un documento entregado al juzgado días después de que el portal moncloa.com difundiera la grabación de una conversación mantenida el 23 de octubre de 2009 durante un almuerzo al que asistió la titular en funciones de Justicia, Villarejo, el juez Baltasar Garzón y varios mandos policiales.

La ministra ha negado haber participado en este procedimiento, versión que también mantienen tanto la Fiscalía Anticorrupción y de la Audiencia Nacional como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el organismo que reclamaba al naviero cántabro por el presunto reparto de 30 millones de dólares en sobornos a cambio de que se le adjudicara a su empresa la construcción y explotación del estratégico puerto de Quetzal.

Un viejo conocido de la Audiencia

El nombre de De la Joya ha aparecido ya en otros dos sumarios que se instruyen en la Audiencia Nacional. En el caso Lezo, vinculado al ex presidente madrileño Ignacio González, y en Gürtel, por un pago de 50.000 euros al testaferro del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

En el caso de la trama de corrupción vinculada a administraciones gobernadas por el PP, el instructor tramitó una comisión rogatoria a Suiza en 2014 para tratar de averiguar quién transfirió 50.000 euros a la cuenta ‘Obispado’, vinculada al ex tesorero Bárcenas. Éste se encuentra actualmente en prisión tras haber sido condenado a 33 años de cárcel.

Además, el empresario detenido figura entre los imputados por el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en el caso Lezo. En concreto, el magistrado investiga al empresario por la adjudicación en 2007 a la constructora OHL -fundada por Juan Miguel Villar Mir– del contrato para la construcción y posterior concesión de la línea ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero, por la que se habría pagado presuntamente una ‘mordida’ de 1,4 millones de euros a Ignacio González.

De la Joya, ‘aliado’ y cliente de Villarejo

Dos empresas del entramado controlado por José Manuel Villarejo -Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt) y Cenyt Consultoría Organizacional SL- facturaron al menos 44.500 euros (más IVA) a una empresa vinculada a Adrián de la Joya -Serena Digital SL- por diversos servicios prestados entre finales de 2015 y marzo de 2016, como desveló El Independiente el pasado 5 de noviembre.

La factura de mayor cuantía (19.500 euros) obedece a una “auditoría informática” y está fechada el 10 de diciembre de 2015. La empresa fundada por De la Joya también recurrió a una sociedad de Villarejo para que impartiera un curso presencial -descrito como ‘Trabajo en equipo, negociación, formación comercial, liderazgo e influencia’- en enero de 2016 y para que le ayudara a seleccionar al director de Recursos Humanos para Serena Middle East. El último encargo fue la realización de un estudio prejudicial sobre el patrimonio de un empresario cuya identidad se corresponde con las iniciales J.M.P.A.

 



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