El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar el próximo 10 de septiembre como investigado al exgerente de TV3 Oriol Carbó por haber participado presuntamente en la trama de financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el llamado caso 3%.

De la Mata ha dictado un auto en el que acepta la petición de la Fiscalía anticorrupción tras las declaraciones del empresario Joan Manuel Parra sobre la trama.

Parra, que declaró como testigo a finales de julio, admitió que CDC utilizó un sistema de facturación falsa a través de una productora de TV3 para financiar actos de la campaña electoral de 2010, en las que Artur Mas optaba por primera vez a la presidencia de la Generalitat.

Además de la imputación de Carbó, el juez ha requerido documentación a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) sobre la productora de TV3 a la que aludió Parra.

Modus operandi

Para de la Mata, los hechos descritos por el empresario encajan en la investigación a altos cargos de CDC, que habrían puesto en marcha “una estructura para financiar ilegalmente a este partido político, de forma encubierta”.

Según el auto, altos cargos de Convergència y de la Generalitat pactaron con empresarios la forma de adjudicar “todo tipo de concursos públicos” a los donantes de Catdem y Forum Barcelona, las fundaciones del partido.

En este sentido, el magistrado instructor sostiene que Carbó “siguió las instrucciones específicas” del ex secretario de Gobierno de la Generalitat Germà Gordó para que abonara a Parra la deuda que CDC tenía con Hispart por la organización y producción de la campaña electoral de 2010.

Estas instrucciones consistían en el envío de facturas que se debían girar a una productora de TV3, Triacom Audiovisual, en el plazo de seis meses.

Es más: Gordó y Parra mantenían reuniones o conversaciones “justo antes” de que se emitiese cada factura para concretar el concepto, que estaría siempre relacionado con colaboraciones de Hispart en producciones de Triacom para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), “obviamente inexistentes”, según el juez.



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