Francisco Serrano, juez de carrera y hoy diputado por Vox en el Parlamento de Andalucía.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) da la razón parcialmente a Francisco Serrado -hoy líder de Vox en Andalucía- y se muestra favorable a la reclamación patrimonial que ha planteado el juez contra el Estado al entender que fue inhabilitado “indebidamente” durante seis años tras modificar el régimen de visitas a un menor para que pudiera salir en una cofradía en la Semana Santa de Sevilla de 2010.

El órgano de gobierno de los jueces no se pronuncia sobre la cuantía de la indemnización. Será ahora el Consejo de Ministros quien tendrá que decir si atiende la petición del magistrado en excedencia y, en ese caso, en cuánto cifra el perjuicio que se le ha causado.

Como desveló El Independiente, el diputado andaluz de Vox cuantifica en más de medio de millón de euros el daño económico sufrido por él y su familia al haber estado inhabilitado como juez desde el 27 de agosto de 2013 -fecha en la que entiende extinguida la condena que se le impuso- hasta que el Tribunal Constitucional lo rehabilitó como magistrado a finales de 2016 y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hubo de darle nuevamente destino: un juzgado de Badalona (Barcelona). Esa cifra incluye salarios, trienios, pagas extraordinarias, intereses y el daño moral, según dijo a este diario.

En su reunión de este jueves, la comisión permanente se aviene parcialmente a la tesis de Serrano al entender que se dan “los requisitos necesarios para la apreciación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”, si bien tan sólo en el primero de los dos acuerdos: el adoptado el 2 de marzo de 2017 y posteriormente anulado por el Tribunal Supremo, que ordenó el reingreso de Francisco Serrano al servicio activo. Al haberle denegado ese reingreso en primera instancia, dice el informe, se le causó un daño individualizado y evaluable económicamente que no tenía el deber jurídico de soportar.

El hoy líder de Vox en Andalucía reclama medio millón al Estado al considerar que fue inhabilitado “indebidamente” como juez

El segundo acuerdo está fechado el 15 de marzo de 2018 y es la resolución por la que el CGPJ acordó destinarlo al Juzgado de Familia 7 de Badalona. El órgano de gobierno de los jueces recuerda que esa decisión no fue recurrida por vía administrativa ni judicial, por lo que la reclamación patrimonial iniciada con posterioridad por Serrano no puede convertirse en una vía de recurso o impugnación de los acuerdos “consentidos y firmes”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó el 13 de octubre de 2011 al entonces titular del Juzgado de lo Familia 7 de Sevilla a dos años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación culposa (no dolosa) por alterar el régimen de visitas a unos padres divorciados para que un menor saliera de paje en una cofradía de la ‘Madrugá’ sevillana en abril de 2010. El tribunal, en el que actuó como ponente el magistrado Lorenzo del Río, obligó a Serrano a pagar las costas del proceso y a indemnizar a la madre del niño con 4.000 euros.

Lejos de revocar dicho fallo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo elevó el 29 de junio de 2012 la condena contra Serrano de dos a 10 años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación dolosa por dictar una resolución injusta. Esa sentencia contó con el voto particular del juez Francisco Monterde, al que se adhirió el magistrado Antonio del Moral.

Abogado antes que diputado

En ejecución de dicha sentencia, el pleno del CGPJ acordó el 11 de octubre de 2012 retirar la condición de miembro de la carrera judicial a Francisco Serrano, que el 4 de septiembre de 2012 se había dado de alta en el Colegio de Abogados de Sevilla tras abrir bufete propio (Serrano Abogados) en la capital hispalense.

Aquella condena, en embargo, fue revocada por el Tribunal Constitucional (TC) cuando el juez había cumplido ya casi la mitad de la pena. El 17 de octubre de 2016, la Sala Primera -en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, que emitió voto discrepante al que se adhirió Encarnación Roca- estimó el recurso de amparo interpuesto por Serrano y corrigió al Supremo, declarando la firmeza de la pena a dos años que un lustro antes había dictado el TSJ andaluz.

Cuando el TC dictó esa sentencia, Francisco Serrano había cumplido ya el doble de la pena firme a la que fue condenado, pese a lo que la comisión permanente del CGPJ acordó el 2 de marzo de 2017 el no reingreso de este magistrado en la carrera judicial. El órgano de gobierno de los jueces defendía que el cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta por el TSJA como responsable de un delito de prevaricación judicial conllevaba la “privación definitiva del cargo de magistrado y la incapacidad para obtener el mismo u otro análogo durante el tiempo de la condena”, por lo que tendría que volver a superar la oposición “como cualquier otro ciudadano” si quería volver a vestir la toga.

Rehabilitado por el Supremo

Ese pulso con el CGPJ lo terminó ganando Serrano, al que la Sección Sexta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo dio la razón parcialmente el 8 de noviembre de 2017 y acordó su rehabilitación como miembro de la carrera judicial en la categoría de magistrado con efectos desde dicha fecha.

Rehabilitado como juez y ganado el recurso, la comisión permanente del CGPJ acordó en marzo de 2018 destinar a Serrano al Juzgado de Primera Instancia 7 de Badalona, órgano en el que sirvió desde el 23 de abril hasta el 31 de mayo y donde dictó un centenar de sentencias sobre asuntos de Familia en apenas cinco semanas. Hoy es uno de los 12 diputados que obtuvo Vox en las pasadas elecciones andaluzas.



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