Tiene apenas dos centímetros de diámetro. El óxido verdoso que cubre su superficie no ha podido sofocar el brillo de las letras doradas donde se lee el lema municipal de Sevilla: NO&DO. A primera vista parece un simple botón ajado, pero esta pequeña insignia es la primera constatación de la represión franquista sobre los funcionarios del Ayuntamiento hispalense en los estertores del golpe militar. Fue hallada la semana pasada en un ataúd en la fosa de Pico Reja, en el cementerio sevillano de San Fernando. Su propietario, un joven de unos 20 años que presenta una herida de bala en el cráneo, arrojará luz sobre el destino de la casi treintena de trabajadores del consistorio o de la diputación provincial que fueron ejecutados entre 1936 y 1941, según ha consignado el historiador José Díaz Arriaza.

El cuerpo de este joven es uno más de los 2.003 que se han localizado desde que comenzaron los trabajos de exhumación en enero del año pasado. De ellos 316 presentan evidencias de muerte violenta. Unos datos que evidencian la magnitud de la fosa, la de mayor envergadura en la que se está trabajando en España, y de la crueldad con la que se manejó el general Gonzalo Queipo de Llano desde que se hizo con Sevilla el 18 de julio de 1936. “Esto era para ellos un basurero donde arrojar cuerpos”, explica Juan Manuel Guijo, director de intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que lidera la investigación. Los trabajos de campo proyectan más de 15.000 cadáveres.

El botón es de uno de los uniformes del Ayuntamiento de Sevilla, probablemente de la Guardia Municipal, aunque se trata de una hipótesis que aún debe ser corroborada. “El diseño de la insignia es antiguo, de finales del XIX, y pervivió hasta la década de los cuarenta-cincuenta”, explica Guijo. El ataúd se encontró en un espacio de 1,5 metros de ancho por 1,80 de largo junto a otros tres cadáveres desprovistos de cajas mortuorias. “Todos tienen un impacto de proyectil y uno de ellos tenía las manos atadas”, describe Guijo.

“El hecho de que el propietario del botón estuviera en un ataúd puede significar un signo de deferencia por razones de la familia, por haber vestido uniforme o porque lo conociera alguno de sus verdugos, pero el hecho de que estuviera enterrado junto con los otros tres cuerpos en un espacio tan delimitado, evidencia que se le puso con ellos a propósito y que formó parte de la represión”, puntualiza el experto. Todos fueron asesinados entre julio y agosto de 1936, la fecha en la que se data la primera parte de la excavación.

En la carpa donde trabajan Guijo y su equipo la totalidad de los restos aún no han sido ordenados. “Los retiramos el martes”, cuenta el director. A lo largo de la mañana del martes, los trabajos de reconstrucción revelaron un orificio de bala en el cráneo del joven del botón.

El 23 de agosto de ese año fusilaron a Francisco Portales Casamar. Tenía 34 años y tres hijos y llevaba 12 como funcionario en el Ayuntamiento de Sevilla. Cuando estalló la rebelión era el jefe del matadero y lo acusaron con testimonios falsos de haber utilizado uno de los camiones para luchar contra los insurrectos. “Me han tratado de incriminar con una sarta de mentiras, pero creo que mi defensa prevalecerá”, cuenta su nieta María Luisa Hernández que le escribió a su abuela desde la cárcel. Lo condenaron por rebelión militar. “Ni se rebeló ni era militar”, puntualiza Hernández. “A las seis de la mañana lo fusilaron y a las 9.30 lo lanzaron a la fosa de Pico Reja”, narra su nieta que ha podido estudiar las actas del consejo de guerra que lo sentenció. “Fue el primero que se le hacía a un civil”, abunda.

Portales fue fusilado, como el joven del botón hallado en la fosa que comparten. Otros, unos 700, eludieron la muerte, pero su despido los abocó a una vida de penurias. “Muchos se quedaron en la indigencia, no podían volver a trabajar porque estaban marcados, dependían de sus familias y amigos”, cuenta el historiador José Díaz Arriaza. Entre ellos había miembros de policía local, bomberos, limpiadores, peones, celadores, pintores, trabajadores del matadero, oficiales, el secretario general o el interventor y también 46 mujeres que trabajaban como limpiadoras, matronas o lavanderas. El Ayuntamiento de Sevilla rehabilitó la memoria de 479 de ellos en un acto en 2018 y busca a los familiares del resto.

Una purga meditada

El 18 de julio de 1936, Queipo de Llano entró en Sevilla, apresó al gobernador civil José María Varela y su alcalde, Horacio Hermoso, y lo sustituyó de inmediato por Ramón de Carranza, un militar. “La prioridad absoluta era controlar los centros políticos de poder y asegurar los servicios municipales para dar sensación de seguridad a la ciudadanía”, explica Arriaza, que ha ayudado a la Oficina de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Sevilla a localizar las depuraciones en el consistorio durante la Guerra Civil y cuyos trabajos sobre Pico Reja han servido de base para el inicio de las excavaciones en esa fosa.

“La necesidad de controlar la ciudad y de evitar cualquier respuesta por parte de los ciudadanos condicionó las consecuencias de la represión y el proceso depurador del personal de la Administración local”, explica Díaz, que insiste en el “sentido metodológico y nada improvisado” de las purgas, puesto que se creó una comisión gestora para autorizarlas. Las causas de las expulsiones eran múltiples: estar en las listas de sospechosos e indeseables, pertenecer a las agrupaciones que defendían los intereses de los trabajadores, no haberse presentado a trabajar, “o leer, si te pillaban leyendo la prensa podían considerarlo subversivo”, indica el historiador.

Entre el lunes 20 de julio y el jueves 23 se contabilizaron 197 expulsiones, indica Díaz en su artículo Depuración de funcionarios y empleados del Ayuntamiento y Diputación de Sevilla. En una segunda fase dieron órdenes de fusilamiento para quienes, después de haber sido ya cesados, siguieron siendo contrarios a los golpistas. Por las fechas, ese podría haber sido el destino del joven enterrado en el ataúd con su botón.

El cotejo de ADN

Esa insignia enmohecida es la única pista material que arroja luz sobre su propietario. ¿Lo estarán buscando como Hernández está haciendo con su abuelo? ¿Por qué lo enterraron dentro de un ataúd y no fue arrojado a la tierra como sus otros tres compañeros de osario? El ADN puede acelerar esas respuestas. Las muestras de más de 200 familiares ya están en los laboratorios de Granada, donde desde mediados del pasado diciembre se han sumado las de 160 cuerpos exhumados. Quedan más por llegar. “Es un proceso largo que va a tardar más de dos años”, dice Hernández, que reclama más colaboración por parte de las administraciones para poder tomar más muestras.

Guijo y su equipo de siete personas se afanan por encontrar más información en un triángulo de 672 metros cuadrados sobre los que se extiende Pico Reja. Los huesos y los cráneos asoman entre la arena rojiza. En medio del horror que deslizan los restos y lo que su presencia ahí significa, pervive la esperanza de que sus familiares puedan localizarlos y honrarlos, como perviven las letras doradas de NO&DO en la herrumbre del botón, una señal de que la búsqueda continúa.



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