Un año más, la familia de Arturo Ruiz y medio centenar de personas se han reunido esta mañana del lunes en la plaza Soledad Torres Acosta, en el centro de Madrid, para recordar a este estudiante que fue asesinado allí con 19 años en 1977. En una de las semanas más trágicas de la Transición, el día antes de la matanza de los abogados de Atocha, fue tiroteado en plena calle por un pistolero fascista, que luego se dio a la fuga con complicidad policial y aún hoy sigue en paradero desconocido. Es un crimen sin resolver de la Transición, muy relegado y olvidado por las instituciones. “Hay víctimas de serie A y de serie B, como nosotros. El rey recibió a las víctimas del terrorismo, pero a mí no me ha llamado nadie”, ha lamentado su hermano Manuel Ruiz. Solo en junio de 2019 el ayuntamiento de Madrid logró poner una placa conmemorativa en esta plaza, pero acabó en el respiradero de un garaje, ante la negativa de los vecinos de dos edificios a que se colocara en sus inmuebles. Al acto y la ofrenda floral han acudido algunos políticos, como Ramón Silva, del PSOE; Isabel Serra, de Unidas Podemos; Enrique Santiago y Mauricio Valiente, de Izquierda Unida.

La investigación de la época fue compleja y muy controvertida, pero con una docena de testigos identificó como autor del crimen a José Ignacio Fernández Guaza, un matón de la ultraderecha de 29 años. Tenía vínculos con las fuerzas de seguridad y al día siguiente del crimen huyó al País Vasco con ayuda de un amigo que era agente de la Guardia Civil. De ahí pasó a Francia. Algunos medios lo situaron en Argentina, pero hace años que se le perdió la pista. Si sigue vivo, tendría 73 años. La familia de Arturo Ruiz cree muy posible que incluso pueda estar viviendo en Madrid sin ser molestado. La vía judicial se agotó hace años. Según decretó la Audiencia Nacional en 2000, ha prescrito.

En 1977 solo fue juzgado como cómplice, por proporcionarle el arma del crimen, el argentino Jorge Cesarsky, a veces escrito Cesarski, vinculado al siniestro grupo paramilitar de extrema derecha de su país Triple A, Alianza Anticomunista Argentina. Llegó a España en 1965 y estaba bien introducido en los círculos franquistas. De hecho, tras el asesinato fue seguido por algunos testigos y para su asombro se fue directamente a una comisaría. Fue condenado a seis años de cárcel, por delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas, pero solo cumplió uno. Como ha recordado en el acto una de sus sobrinas, “se benefició de la ley de amnistía que Arturo Ruiz estaba reclamando cuando le mataron”.

Este crimen abrió aquella semana negra de enero de 1977, narrada por Juan Antonio Bardem en la película Siete días de enero (1979), que cuenta con algunas imágenes reales de los momentos previos al asesinato de Arturo Ruiz, con cargas policiales y bandas de pistoleros en plena Gran Vía. Un mes antes, el 20 de enero de 1976, , había muerto el joven Ángel Almazán por una paliza de la Policía tras una manifestación. El 23 de enero fue el asesinato de Arturo Ruiz y el al día siguiente murió muy cerca otra estudiante, Mari Luz Nájera, por el impacto en la cara de un bote de humo lanzado por los antidisturbios en una manifestación en la Gran Vía. Protestaba precisamente por la muerte de Ruiz. Y esa noche, cinco abogados laboralistas fueron asesinados en su despacho de la calle Atocha.

La familia de Arturo Ruiz sigue buscando la verdad. En este momento confía en que la nueva ley de memoria histórica que el Gobierno espera aprobar este año incluya el levantamiento del secreto oficial sobre algunos sucesos de aquella época. La ley de secretos oficiales sigue siendo una norma franquista de 1968. Esto permitiría el acceso a documentación aún desconocida, que podría aportar luz a las familias de las víctimas sobre los casos sin resolver. Por otro lado, Arturo Ruiz es uno de los doce fallecidos por disparos de fuerzas de seguridad y pistoleros de ultraderecha que se le imputan en un proceso en Argentina al exministro de Interior de entonces, Rodolfo Martín Villa, junto a los de la catedral de Vitoria en marzo de 1976 y los de Sanfermines de 1978. Martín Villa prestó declaración por videoconferencia en septiembre, y aunque la juez María Servini debía decidir en diez días si le procesaba o archivaba el caso, el colapso de los tribunales del país sudamericano por la pandemia sigue retrasando la decisión.



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