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Oscar Blanco | En Catalunya tenemos uno de los movimientos por el derecho a la vivienda más fuertes del Estado español y algunas de las leyes más garantistas en este ámbito. O mejor dicho: en Catalunya tenemos algunas de las leyes más garantistas en la protección del derecho a la vivienda precisamente porque existe uno de los movimientos más fuertes. La realidad es que, lejos de cualquier tipo de regalo, cada avance legal se ha conseguido a través del impulso de las organizaciones populares y la legitimidad que acumulan por su lucha. De hecho, incluso una vez ya se han aprobado las mejoras legales su aplicación efectiva depende casi por completo de la relación de fuerzas.

La ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética fue posible por una Iniciativa Legislativa Popular, con la PAH como motor del proceso, que recogió más 150 mil firmas y generó un clima en que ninguna formación política se atrevía a desmarcarse de lo que se había convertido en sentido común: no puede haber casas sin gente y gente sin casas. La capacidad de la PAH de generar un bloque social y político que obligara a aprobar esa ley provenía de sus asambleas por todo territorio, de los miles de desahucios parados en los años anteriores y de los centenares de familias realojadas gracias a la Obra Social.

De la misma forma, el Sindicat de Llogateres construyó durante 3 años “un acuerdo de país” para intervenir los precios de los contratos de alquiler y frenar la nueva burbuja inmobiliaria. Cada bloque que ha peleado por una negociación colectiva, cada “desahucio invisible” evitado y cada alquiler asequible arrancado a través del conflicto han reforzado al Sindicat y su programa de desmercantilización de la vivienda. Antes de regular de iure el mercado habían comenzado a hacerlo de facto. Tampoco le tembló el pulso a la organización inquilina para tumbar falsas soluciones de la Generalitat pese a las campañas mediáticas de presión. Ese proceso de acumular credibilidad, fuerza y simpatía era visible en los apoyos a la Ley de regulación que se aprobó a inicios de este curso: más de 3.000 entidades respaldaban la propuesta. Entre estas asociaciones algunas de la envergadura y el peso simbólico de la Assemblea Nacional Catalana o Omnium Cultural. Esta posición de fuerza torció el brazo a Junts Per Catalunya que pretendía bloquear la ley y evidenció la complicidad del PSC con los poderes económicos al desmarcarse de la ley.

A la vez cada paso adelante contra la especulación inmobiliaria, incluso el más pequeño, ha sido respondido estruendosamente por los representantes de los intereses de la banca, los fondos de inversión y los rentistas. Estos intereses se han organizado más para el conflicto en el mercado de alquiler con la creación de ASVAL, la nueva patronal de los caseros presidida por el exalcalde del PSC Joan Clos y de la que forman parte grandes propietarios como Blackstone o la Llave de Oro. Este nuevo instrumento de los poderes inmobiliarios se suma a las asociaciones de promotores y constructoras que han sido, junto con la banca, los actores principales para definir las políticas urbanas en el Estado español al menos desde los tiempos del desarrollismo franquista. Acostumbrados como están al monologo y a estar insertos en el aparato del Estado, la aparición de contrapesos les incomoda y molesta. Consideran a las organizaciones de la clase trabajadora que aspiran a marcar otra agenda urbanística unos intrusos en su cortijo particular y una amenaza para la rentabilidad de sus inversiones.

En este contexto, el desarrollo del movimiento por la vivienda, su fortalecimiento y su capacidad de generar nuevos “consensos” sociales agudiza el conflicto de clases y activa a los poderosos. Hasta hace pocos años los peces gordos del tocho se forraban plácidamente. Estaban salvaguardados por los discursos del supuesto “capitalismo popular” y la integración de “las clases medias” en el modelo especulativo mediante los incrementos del valor de su patrimonio que compensaban la devaluación salarial. Una vez la ficción de la cohesión social ha saltado por los aires, ambas clases se recomponen y surgen nuevas ideas, formas de actuar y organizarse.

La semana pasada la maquinaria del régimen golpeó por partida doble para defender a los poderes inmobiliarios por la vía judicial. El ataque principal ha sido que el Tribunal Constitucional ha anulado la ampliación de las medidas antidesahucios de los decretos 17/2019 y 1/2020. Básicamente han suspendido el alquiler social obligatorio en extinciones de alquileres y algunas ocupaciones (con supuestos bastante restrictivos) y también las renovaciones de alquileres sociales. La PAH y el resto de las organizaciones impulsoras de la ILP calculan que esta decisión judicial pone en riesgo de desahucio a más de 3.000 familias.

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