LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) –

   El Parlamento de La Rioja, con los votos en contra del PSOE, IU y Podemos, la creación de una Comisión de Investigación para aclarar lo sucedido en todas las residencias de personas mayores de La Rioja durante la pandemia del COVID-19.

   La propuesta ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y argumentada por el diputado, Alberto Bretón, que ha señalado que dicho órgano busca que se “aclare y esclarezca lo que sucedió en la fase más dura de la pandemia entre finales de marzo y abril”. De hecho, ha apuntado que “si sale adelante va a depender de lo que quiera la presidenta Concha Andreu”, si bien “el Gobierno debe ser el primer interesado en despejar dudas y sombras de la gestión”.

   “Es una oportunidad de aclarar lo que ocurrió y si la gestión fue eficaz, así como conocer y reconocer los errores para evitarlos en el futuro”, ha reseñado el parlamentario popular. En este punto, ha recordado que la exconsejera de Servicios Sociales, Ana Santos, en los que ha reconocía aspectos sobre la gestión que indicaban que “se actuó tarde” y con “falta de coordinación” con la Consejería de Salud.

   Bretón ha lamentado que La Rioja “fue la comunidad con mayor tasa de letalidad en las residencias, con 7 fallecidos por cada 100 residentes”, hasta el punto de alcanzar, a día de hoy, 230 muertos en estos centros. Además, ha destacado que sobre el reparto de material, los profesionales han declarado que “no lo tuvieron entre marzo y las primeras semanas de abril”.

   En el turno de portavoces, la del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, se ha mostrado en contra de dicha Comisión, porque “busca tirar muertos a la cabeza”, y por ello “no está justificada” dicha creación. De hecho, ha manifestado que “para conocer los protocolos, número de muertos o conocimiento del actual consejero no hace crearla, sino formular preguntas al Gobierno”.

   Ha insistido Moreno en que “no hay justificación para plantear una Comisión, salvo que se busque la utilización política de los muertos” en residencias por el COVID-19.

   A continuación, la diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pilar Rabasa, ha manifestado que no entendía la “negativa” del Gobierno riojano para crear una Comisión, porque debe haber un “compromiso” con la transparencia y con la información pública.

   Ha apuntado que dicho órgano debe buscar “los posibles errores en la gestión, sin buscar culpables, sino soluciones para preservar la vida de los mayores de las residencias”, al tiempo que “se redefina el modelo de residencias de las Comunidad Autónoma de La Rioja y su coordinación con el sistema sanitario”.

   Por el PSOE, su portavoz, Raúl Díaz, ha afeado la petición del PP con dicha Comisión porque “no quieren investigar nada, sino sacar rédito político con un uso chabacano y partidista de un drama” debido a la “virulencia” con la que la pandemia del coronavirus ha afectado a los más vulnerables, sobre todo a los residentes en centros de personas mayores.

   Ha apuntado que la situación en las residencias ha sido “difícil”, con unos trabajadores que “lo han dado todo”, mientras el PP “se lo devuelve con sospechas”, no entendiendo que “no gobiernan ya”, y que el actual Gobierno riojano está trabajando “para ayudar a mitigar los efectos del COVID-19 en varios sectores”.

   Ha recordado que varias administraciones y organismos ha dado la espalda a los argumentos de los ‘populares’ ante su intento de “retorcer la realidad”, en lo que supone su “enésimo capítulo de su poca provechosa forma de hacer política”. Finalmente, Díaz les ha invitado a pedir perdón al Gobierno riojano y a los trabajadores que “se desgañitan para hacer frente al virus”.

RECHAZO PNL ALTOS CARGOS

   El pleno también ha rechazado una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular, enmendada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, defendida por el diputado Alfonso Domínguez, para que el próximo proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja se incorpore una reducción drástica de las partidas de gasto destinadas al pago de salarios de los Altos Cargos del Gobierno, hasta generar un ahorro con respecto a la situación actual de, al menos, 2 millones de euros para el año 2021.



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