Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior en los primeros Gobiernos tras la muerte del dictador Francisco Franco, defendió este jueves ante la juez argentina María Servini su actuación en los sucesos que acabaron con la muerte de 12 personas por disparos de las fuerzas de seguridad durante la Transición. El exministro, imputado desde 2014 por delitos de lesa humanidad, insistió en su inocencia: “He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio”, declaró a la juez.

Martín Villa, de 85 años, prestó declaración por videoconferencia ante la juez argentina María Servini seis años después de que esta dictara una orden internacional de detención contra él —posteriormente revocada por instancias superiores— por delitos de homicidio agravado en el marco de una querella por delitos de lesa humanidad de la dictadura franquista. En concreto, los denunciantes le responsabilizan de la muerte de 12 personas por disparos de las fuerzas de seguridad y elementos de ultraderecha entre los años 1976 y 1977. Entre los hechos que se le atribuyen en la denuncia figura la matanza de cinco obreros reunidos en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria el 3 de marzo de 1976, uno de los episodios más trágicos de la Transición.

En una resolución de junio de 2017, en la que rechazaba dejar sin efecto la orden de arresto contra Martin Villa, la juez Servini enmarcaba estos sucesos sangrientos dentro de un plan “sistemático, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno” a través de la “eliminación física de sus más representativos exponentes” llevado a cabo “por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección”. Este plan de aniquilación de la oposición abarcó, según la tesis de Salvini, desde el inicio de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936 hasta las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977.

El interrogatorio se celebró desde el consulado de Argentina en Madrid y se extendió durante más de tres horas. El exministro de Relaciones Sindicales y Gobernación (Interior) en los primeros Gobiernos tras la muerte de Franco, defendió su actuación como ministro en cada uno de los episodios de violencia. Sin embargo, el grueso de sus argumentos los dedicó a defender la Transición como una de las etapas más brillantes de la historia de España, en la que jóvenes reformistas procedentes de las estructuras del franquismo, como él mismo, lograron ponerse de acuerdo con sus adversarios democráticos —a los que se le acusa de tratar de aniquilar— para instaurar un régimen constitucional de libertades y conjurar el riesgo de otro conflicto civil.

El exministro entregó, de acuerdo con las leyes procesales argentinas, unas “manifestaciones escritas” en las que defiende que la Transición española “fue justamente lo contrario a un genocidio”. “Antes de las elecciones de 1977, por primera vez en muchos años no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo. Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros –correligionarios y adversarios políticos– la suerte, y en alguna ocasión el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978”, manifestó. “De aceptarse la versión de la querella”, dijo, “si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad, situación que no me atrevo a calificar”.

El exministro reconoció que en los sucesos de Vitoria de 1976 “ciertamente hubo errores, graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y, por tanto, sería legítimo que se reclamara una reparación justa”. Y añadió a renglón seguido: “Pero una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido, que lleva a la querella a afirmar incluso que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad”.

“Pudo suceder que los policías y guardias civiles que causaron muertes lo hicieran por obediencia debida a decisiones mías. No fue así, y puede comprobarse que mis instrucciones y las del Gobierno buscaron evitar que se produjeran muertes por actuaciones policiales”, sostuvo.

La juez Servini anuló en marzo de 2018 la orden de detención internacional de Martín Villa después de que se lo ordenara un tribunal superior, que también rebajó por desproporcionada la fianza de casi un millón de euros que la magistrada le impuso para eludir la prisión si entraba en Argentina. El exministro se había prestado a acudir a Buenos Aires si se dejaba sin efecto la orden de arresto y también estaba dispuesto a declarar desde la Audiencia Nacional dentro de un procedimiento de auxilio judicial internacional. La magistrada argentina puso en marcha este mecanismo —denominado comisión rogatoria— en septiembre de 2018, sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata lo rechazó de plano un mes más tarde al considerar que los supuestos delitos de Martín Villa, de haberse producido, estarían prescritos y que, en todo caso, están afectados por la Ley de Amnistía de 1977.

Tras la decisión de la justicia española y tras la anulación de la orden de arresto en Argentina, Martín Villa podría moverse por todo el mundo sin contratiempos y olvidarse de esta causa. Sin embargo, el exministro y hombre de empresa ha rechazado ampararse en la Ley de Amnistía y en la prescripción de los delitos y se ha tomado como un empeño personal defender su inocencia y su honor ante la juez que lo encausó. El expolítico leonés solicitó declarar e incluso llegó a comprar billetes de avión para viajar a Buenos Aires en septiembre de 2019, después de que la juez Servini aceptara citarle allí. Sin embargo, cambios en la agenda de la magistrada —Servini es además juez electoral en Argentina y ese otoño había elecciones presidenciales— frustraron esa citación. La magistrada accedió finalmente a interrogarlo por videoconferencia en marzo desde el consulado argentino en Madrid, pero la cita volvió a verse aplazada por la pandemia de la covid-19. Hasta este jueves.

Según fuentes jurídicas, la juez tiene ahora un plazo de 10 días para decidir si procesa a Martín Villa o archiva la causa contra él. A finales de agosto, la defensa del expolítico aportó a la causa testimonios escritos de los cuatro expresidentes vivos de la democracia, así como de exlíderes sindicales y los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón. Estas personalidades destacan la labor y el compromiso de Martín Villa para defender el Estado de Derecho y reformar las fuerzas de seguridad. “Puedo testimoniar (…) la entrega de Rodolfo Martín Villa a la recuperación de las libertades democráticas de los españoles y su intenso quehacer en defensa del Estado de derecho como ministro del Gobierno de Adolfo Suárez”, manifiesta González en su escrito a la juez Servini.

Sin embargo, no todas las voces han sido unánimes en esta apreciación. El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, calificó la declaración de Martín Villa ante la juez argentina como “paso histórico para la justicia y contra la impunidad”.



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