El tribunal les ha impuesto una multa de unos 50 euros. Se les acusaba de inmigración irregular, de violencia contra las fuerzas de seguridad marroquíes y de usar identidades falsas; delitos penales que podrían conllevar entre dos y tres años de cárcel. La defensa recurrirá la condena y critica que ni España ni Marruecos han actuado correctamente en este caso.



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