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La historia del pazo de Meirás en vida de Franco se escribe, hasta que exista una sentencia que determine quién es su legítimo dueño, a través de miles de documentos contables, cartas entre Administraciones y cargos del régimen, informes de obras, recortes de prensa en España y en el exilio y la memoria oral de los testigos de la operación de compra y sus descendientes. En los archivos históricos han aparecido listas de los vecinos de la provincia de A Coruña que contribuían a esa cuestación popular que organizaron los prohombres del franquismo, agrupados en la Junta pro Pazo. También existen referencias a los “buenos” y los “malos” españoles que se veían obligados a sufragar la compra del palacete en medio de un “contexto de privaciones” y “extrema violencia”, como ha recordado esta tarde el catedrático de historia Xosé Manuel Núñez Seixas, presidente de la Comisión de Expertos nombrada por la Xunta para rastrear las posibilidades legales de incorporar el pazo al patrimonio público.
En una sesión del juicio para dirimir la propiedad del pazo que se ha alargado siete horas y media (solo el interrogatorio a dos expertos ha durado seis) se han conocido los documentos que sirven de base a los investigadores para afirmar que Meirás funcionaba como “una extensión” de El Pardo, la residencia de Francisco Franco, ya que al palacete de Sada (A Coruña) se trasladaba en verano todo el aparato del jefe del Estado y esta sede de la corte gallega del Generalísimo se sostenía con medios públicos. También se ha leído un fragmento de la carta enviada en la época de la cuestación popular por el alcalde de Sada Toribio Pollán Nieto, en la que reconoce que “lamentaría que tuviese que incluirse a ningún sadense en las listas negras que por orden del gobernador civil se formarán”. Todavía en plena guerra, toda la maquinaria del bando sublevado en la provincia se puso en marcha para comprar y engrandecer la mansión que las personalidades públicas y privadas del momento habían escogido para brindar al general.
Lo expresaba así el alcalde franquista de A Coruña Alfonso Molina cuando decía que Meirás era la “gran residencia oficial” que hacía de la ciudad “la capital de España”. Y lo describía también muchos años después la condesa de Fenosa, Carmela Arias, viuda de Pedro Barrié de la Maza, dueño de Banco Pastor y designado por el propio Franco, en un momento del proceso, presidente de la Junta Pro Pazo. La condesa aseguraba en una entrevista en La Voz de Galicia que el objetivo de agasajar al dictador con las Torres de Meirás era acercar el Estado a los entes locales durante al menos un mes al año: “La idea no era desinteresada, perseguía que [Franco] estuviera con nosotros durante un tiempo”.
Para ello, los próceres extendieron desde el Gobierno Civil de A Coruña todos sus tentáculos. La Junta pro Pazo se desplegó sobre los Ayuntamientos de la provincia, donde se crearon “juntas municipales”, que a su vez llegaban a cada casa a través de las “juntas parroquiales”, como una red venosa que recogía pesetas puerta a puerta. Estos grupos estaban dirigidos por “curas, algunos maestros, concejales y cargos de Falange Española, el partido único”, ha detallado hoy el historiador Manuel Pérez Lorenzo, que junto con Carlos Babío ha publicado el mayor libro sobre el proceso, Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, escrito en gallego. La cuestación para recaudar fondos para el palacete fue forzosa, según han defendido todos los testigos y peritos de la jornada, porque se produjo “en un contexto de extrema violencia, con cerca de 8.000 muertos en la retaguardia en Galicia”, ha explicado Núñez Seixas. “Había listas” cuyo “objetivo era saber quiénes no habían participado y quiénes sí”. Los primeros quedaban, “como mínimo, señalados como malos patriotas”.
El abogado de los nietos de Francisco Franco ha puesto en duda la imparcialidad de los tres especialistas que han declarado en esta segunda sesión, las dos personas que han dedicado más años a investigar Meirás (Babío y Lorenzo) y al catedrático de la Universidade de Santiago Núñez Seixas. A todos les ha preguntado si desean que sea el Estado el que gane la demanda para que los herederos deban devolver la propiedad inscrita en el registro a su nombre. Y ha sugerido varias veces que lo que inicialmente es un juicio civil, a cargo del juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, esté en riesgo de convertirse en un “proceso político” por las implicaciones de memoria histórica que conlleva.
“Es un proceso de debate abierto en un ágora pública”, le ha contestado el presidente de la comisión de expertos designada por la Xunta de Galicia en 2017. “La sociedad española tiene derecho a debatir sobre su proceso dictatorial”, ha defendido, después de explicar que es un patrón común a muchos regímenes en el mundo el hecho de que hagan falta “unos 30 años”, o “una generación” completa, antes de esta revisión. Los nietos “quieren recuperar” lo que los padres “quieren olvidar”, ha recordado el historiador.
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