[ad_1]
La campaña electoral ha comenzado en Catalunya pese a que pueden quedar más de seis meses para los comicios. Este martes la consellera portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha cargado contra ERC y la CUP, a quienes ha acusado de «normalizar la represión» por haber reclamado negociar los pasos tras la inhabilitación de Quim Torra por el Tribunal Supremo, si esta esperable decisión se acaba produciendo. «Abordar el escenario posterior al día 17 [en referencia a la vista de tribunal] es normalizar la represión y nosotros no queremos normalizarla», ha asegurado.
La consellera ha respondido de esta forma a las peticiones que en las últimas semanas han realizado tanto ERC como la CUP, que consideran que el independentismo debe consensuar los pasos tras una eventual inhabilitación y, en concreto, las dos formaciones de izquierdas reclaman pactar la fecha electoral. Mientras que ERC ha transmitido tanto en público como en privado, en el seno del Ejecutivo, que su deseo es consensuar la fecha electoral, los anticapitalistas lanzaron la semana pasada su propia propuesta, que es una convocatoria de elecciones y mantener a Torra como «president simbólico» hasta la constitución de un nuevo Govern.
Sin embargo, desde la portavocía del Govern que controla JxCat han rechazado este martes cualquier posibilidad de que Torra examine y negocie cualquiera de estas dos propuestas. «Como Govern no nos queremos situar en la normalización de este hecho, que consideramos gravísimo», ha asegurado Budó. «A día de hoy nuestra posición es no normalizar este hecho, porque avanzar escenarios de futuro es normalizar la represión y nosotros no queremos normalizar la represión», ha insistido.
Esta consideración, sin embargo, es respecto al Govern, pero no en relación con los partidos. Este lunes representantes de JxCat se reunieron con la CUP, para que los anticapitalistas explicasen en qué escenario estarían dispuestos a apoyar al Govern, dado que sus votos son necesarios para lograr la mayoría independentista que podría necesitarse en caso de la caída de Torra. Budó no ha considerado que esto sea normalizar la represión y ha pedido «dejar trabajar a los partidos y a las entidades». A juicio de la portavoz del Govern, si se inhabilita a Torra por desobediencia debería darse «una respuesta conjunta y unitaria a este hecho» por parte del independentismo, además de activarse la «solidaridad antirrepresiva».
La posición de Torra y entre las consellerías de JxCat es inamovible sobre esta cuestión y rechazan de plano dar ninguna pista sobre qué tienen previsto hacer si el president acaba siendo inhabilitado. En este sentido, Budó ha asegurado que el jefe del Govern tampoco hablará de esta cuestión en el debate de política general, que se celebra este miércoles y viernes. La consellera portavoz ha asegurado que el Govern tiene previsto exponer ante la Cámara sus planes por lo que respecta a la obra de gobierno y la gestión de la pandemia, pero no revelar próximos pasos ante la situación de inestabilidad que puede generarse si el Supremo confirma la condena de Torra.
El calendario de la legislatura quedaría en manos del Supremo si Torra mantiene su intención de no convocar elecciones anticipadas. Tras la inhabilitación todo el Govern pasaría a estar en funciones, por lo que comenzarían a correr los plazos para que el Parlament busque un sustituto. De no encontrarse apoyos para una nueva investidura en dos meses, las elecciones quedarían convocadas automáticamente 54 días después. Contando todos los plazos, pasarían en total más de cuatro meses sin president en activo, con el vicepresident actuando como sustituto y con los departamentos en funciones. Una situación que ERC y la CUP desean evitar pero que, por el momento, JxCat parece no temer.
[ad_2]
Source link
