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Pepe Mejía | Agentes de la policía nacional persiguieron, retuvieron y exigieron la documentación a once pacíficos manifestantes que se habían concentrado previamente –con autorización expresa de la Delegación del Gobierno- frente a la Audiencia Nacional.
Los afectados se sienten engañados, amedrentados, intimidados, coaccionados, indignados por el atropello y abuso de autoridad. Consideran un “ataque inadmisible a la libertad de reunión y expresión… vulneración de nuestra intimidad, innecesaria y coactiva”.
Los hechos se produjeron -el pasado martes 9 de febrero- en una concentración por la libertad de expresión y los derechos fundamentales y en solidaridad con las 12 personas llamadas a declarar en la Audiencia nacional, acusados de delitos contra la corona por el acto del 12 de octubre en Pamplona-Iruña.
A la concentración en la calle Génova 22 asistieron sólo once personas, las mismas que posteriormente fueron identificadas. La concentración, que tenía todas las autorizaciones en regla, transcurrió sin incidente alguno, absolutamente pacifica, sin alteración alguna ni en tráfico rodado, ni en el tránsito de peatones, ni tampoco se gritaron consignas.
“Sobre las 10:30 h, se dirige a mi este policía, proponiéndome que si queremos pasar a posicionarnos en la misma acera de la A.N., números pares de la calle, estábamos en los impares a la altura del nº 23, pero que si aceptábamos la propuesta conllevaba el entregar tod@s l@s asistentes a la concentración los DNI para su registro, ya que ese espacio es zona de seguridad. Tras consultar con l@s compañer@s, decidimos no aceptar la propuesta”.
“Sobre las 10:45 h, un grupo de unos 15 policías, procedentes del edificio de la A.N. cruzaron la calle y se situaron en los aledaños de la concentración, sumándose al operativo…”
Posteriormente, las únicas once personas concentradas se retiran y son perseguidos por los policías. Los agentes de la policía retienen –por espacio de veinte minutos- a todos los concentrados -11 personas en total- a los cuales se les solicita el DNI. Además, les preguntan si alguna vez habían sido detenidos.
En un informe sobre el atropello policial elaborado por los afectados, que presentarán una queja a la Dirección General de la Policía y al propio Ministerio del Interior, señalan: “no hubo ningún motivo suficiente, de conformidad con la legislación vigente, que justificara el requerimiento de identificación por parte de los agentes de la Policía ni éstos nos la comunicaron en ningún momento. Fue, por tanto, una identificación gratuita, inmotivada, arbitraria e ilícita.»
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