Desde 2006 la Iglesia Católica está legalmente obligada a presentar sus cuentas e informar de qué hace con el dinero que recibe a través de la famosa casilla del 0,7% del IRPF. Así lo estableció una modificación del Concordato, que aumentaba ese porcentaje de financiación a cambio de que la Conferencia Episcopal rindiera cuentas de sus finanzas y renunciara a la exención de IVA del «complemento presupuestario» que se le otorgaba siempre para redondear sus cuentas. Sin embargo, según denuncia un informe presentado hoy por la asociación «Europa Laica», esta rendición de cuentas -que se hace mediante una memoria anual– aporta cada vez menos información y de manera más críptica.

Mucha propaganda, poca transparencia

Según las conclusiones de dicho informe la Iglesia, en lugar de informar de qué es lo que hace con el dinero público, hace un «ejercicio de propaganda» en el que pretende dar la impresión de que genera beneficios económicos a la sociedad. Sin embargo la Iglesia Católica usa más del 1% del PIB de España -12.000 millones de euros anuales- para funcionar y aún es beneficiaria de «exorbitantes privilegios económicos», según reza el documento de Europa Laica.

Para el autor del informe, Enrique Ruíz del Rosal, la memoria de actividades  de la Conferencia Episcopal es «mucha mercadotecnia y propaganda y muy poca transparencia», pero no cree que sea sólo responsabilidad del clero español, sino que denuncia que el Gobierno de España es el último responsable, al no exigir que la Conferencia Episcopal cumpla con sus obligaciones. «El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Ic en España es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 38 años. El problema sigue siendo el clamoroso silencio cómplice del Estado y de todas las Administraciones Públicas. La IC disfruta de un “paraíso” jurídico y fiscal consentido por un Estado que se presume democrático, aconfesional y de derecho».

Según Europa Laica, además del 0,7% del IRPF, la Iglesia también se financia con cantidades “desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios”, así como del dinero público destinado a entidades relacionadas, como Cáritas o Manos Unidas, por lo que, insisten, estaría incurriendo en «enriquecimiento injusto». Por otro lado, explican que la mezcla de inversiones opacas de la Iglesia en empresas o bienes inmuebles, mezclada con las exenciones fiscales y ventajas de las que aún disfruta, le colocan en una posición de privilegio también frente al sector privado. Algo que según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suponen unas ayudas ilegales por parte del Estado.