MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) –

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que en los últimos tiempos se observa en España una “progresiva erosión” de la seguridad jurídica y de su “preocupante situación”, debido a la “desprotección creciente” de los derechos de propiedad, las dificultades de autorregulación en la contratación privada al excederse en sus funciones la Justicia, el exceso de reglas “imperativas” y la “baja calidad e imprevisibilidad” de las sentencias.

Así lo señala Fedea en una trabajo de Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra) en el que se analiza la situación de la seguridad jurídica y se destaca su importancia para el buen desempeño económico y su condición necesaria para que la economía de mercado funcione con “eficiencia” y alcance mayor “equidad y prosperidad”.

El informe señala, tras analizar casos reales, que la situación es “preocupante”, pues el autor argumenta que en los últimos tiempos se observa en España una “progresiva erosión” de la seguridad jurídica, asociada a varios fenómenos.

DESPROTECCIÓN EN DERECHOS DE PROPIEDAD Y DIFICULTADES EN CONTRATACIÓN

En concreto, señala que los derechos de propiedad sufren una “desprotección creciente”, derivada de cambios legales y sentencias que “exceden los criterios de razonabilidad de la Unión Europea y los acuerdos sobre inversiones transnacionales, o que subvierten la propiedad privada para suplir sin coste para el erario las carencias de las políticas públicas”, como sucede con los desahucios, según Fedea.

También señala que la contratación privada padece “dificultades” para dotarse de mecanismos de autorregulación y arbitraje en la medida en que la Justicia tiende a excederse en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. “Al entrar a valorar todo tipo de asuntos, la Justicia no sólo dificulta la ordenación privada de las relaciones económicas, sino que perjudica su propio funcionamiento, pues acaba asumiendo funciones para las que no goza de ventaja comparativa, una situación frecuente en materia de consumo”, lamenta el documento.

Así, avisa de que la legislación sufre simultáneamente, con un exceso de reglas “imperativas” de obligado cumplimiento, muchas de las cuales “son innecesarias porque no responden a fallos genuinos de la contratación libre”; un déficit de reglas “dispositivas” (de libre incorporación a los contratos), que ayudarían a reducir los costes contractuales, pues proporcionan soluciones estandarizadas y razonables para las situaciones más comunes; y una “decreciente” calidad técnica de las leyes, que “tienden, además, a multiplicarse sin necesidad y a cambiar con suma rapidez y de manera inesperada”.

Igualmente, Fedea añade que en el funcionamiento de los tribunales de justicia se suele criticar su lentitud pero considera que su fallo “más grave” parece residir en “la baja calidad e imprevisibilidad” de muchas sentencias.

“Motivadas por un deseo de proteger a la parte “débil” de contratos existentes, redistribuyendo recursos su favor, algunas de estas sentencias ponen en peligro la posibilidad de que se suscriban contratos similares en el futuro”, al endurecer las condiciones a las que se enfrentarán individuos con características similares a aquellos a los que pretenden proteger, subraya.

La fundación lamenta que los índices internacionales en materia d seguridad jurídica sitúan a España en “puestos mejorables”, sobre todo en cuanto a la lentitud de la Justicia, su “escasa independencia” y la “ineficacia” en la ejecución de sus sentencias.



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