La Generalitat pondrá en marcha en septiembre el primer órgano de arbitraje de toda España para intentar acuerdos bilaterales en el polémico caso de los miles de bienes inscritos a nombre de los obispos.

La Generalitat de Catalunya pondrá en marcha en septiembre una oficina de mediación para intentar resolver por la vía del acuerdo las reclamaciones de bienes inmatriculados por la Iglesia católica que presenten particulares o ayuntamientos. Se trata del primer instrumento administrativo arbitrado por una comunidad autónoma en el espinoso asunto de las más de 100.000 inscripciones eclesiales registradas en toda España, muchas de las cuales afectan a buena parte del valioso patrimonio histórico, pero también a huertos, casas, plazas públicas, cementerios y hasta frontones. Pero, ¿es esta la solución adecuada? ¿La oficina de mediación dará respuesta al aluvión de casos detectados en todo el país? ¿Qué pasa con los bienes de dominio público? ¿Y si la Iglesia se cierra en banda y se niega a negociar?

No hay una contestación concluyente para todas las incógnitas planteadas. Las dudas son innumerables y las opiniones sobre su eficacia difieren notablemente según los actores implicados. Por lo pronto, la oficina ya ha empezado a recibir numerosas consultas preliminares de particulares y ayuntamientos catalanes. Así lo ha revelado a Público su directora, Rosa Creus, que coordina un equipo de doce expertos. «Estamos recibiendo ya muchas preguntas y se están respondiendo, pero hasta septiembre la oficina no se pondrá en marcha», afirma en conversación telefónica.

La Generalitat hizo público el pasado 23 de julio el listado de inmatriculaciones de la Iglesia católica, que incluye 3.722 bienes inscritos a su nombre a través del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado en 2015 por el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, debido a sus visos de inconstitucionalidad. El artículo abolido permitía a los obispos autocertificar la propiedad de fincas e inmuebles sin aportar título escrito de dominio, gracias a una prerrogativa especial aprobada por el régimen confesional de Franco que los equiparaba a funcionarios públicos. El Govern ha habilitado un portal interactivo para que particulares y ayuntamientos puedan reclamar la inmatriculación de bienes que pudieran pertenecerles. Del total de propiedades, 1.855 son templos de culto; 1.518 fincas rústicas; y 349 edificios de carácter civil. Algunas de las casas, ermitas y cementerios inmatriculados se encuentran en el interior de fincas agrícolas privadas, cuyos propietarios protagonizaron en Catalunya la movilización contra las inscripciones eclesiales a través del sindicato agrario mayoritario Unió de Pagesos.

La directora de la oficina de mediación ha dejado bien claro cuál va a ser la función del departamento. «Nosotros no vamos a devolver bienes a nadie. Simplemente, en caso de conflicto, vamos a proponer un acuerdo entre las partes, antes de ir a los tribunales», precisó Creus. «Esta es una medida más», subrayó. Y agregó: «Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. Esta es una buena opción antes de acudir a la justicia». Rosa Creus no entró en el fondo de la polémica de las inscripciones eclesiales y se limitó a exponer cuál es el espíritu de este tipo de órganos de arbitraje, cada vez más habituales en la administración pública. Catalunya es la sexta comunidad autónoma que publica el listado de inmatriculaciones. Con anterioridad lo hicieron Navarra, País Vasco, Aragón, Canarias y Baleares.

Hasta ahora, según dijo Creus, no ha habido ningún contacto con la Iglesia catalana. No se conoce, por tanto, la predisposición de los obispos de la comunidad autónoma en relación a la oficina de mediación habilitada por la Generalitat. «Los contactos con la Iglesia se iniciarán en septiembre. Ya hay reuniones planificadas» con los obispados correspondientes, señaló Creus. Público no ha podido recabar la opinión de la Archidiócesis de Barcelona, cuyas oficinas se encuentran cerradas hasta finales de agosto, según informa una voz del contestador automático.

La Conferencia Episcopal española, por su parte, ante las preguntas de este diario digital, se ha remitido a una nota de prensa difundida por los obispos catalanes el mismo día en que la Generalitat publicó el catálogo de inmatriculaciones y anunció la creación de la oficina de mediación. En el comunicado, los prelados reproducen su reiterada posición oficial con respecto al conflicto de las inscripciones eclesiásticas. «La Iglesia no se ha apropiado de nada que no fuera suyo» -indica el escrito-, siempre ha seguido el «proceso legal vigente», nunca ha actuado de «manera arbitraria», no se ha beneficiado de «privilegios» y todas las inscripciones han sido «documentadas». Lo cierto es que el artículo 206 fue habilitado precisamente para ingresar en el registro de la propiedad bienes huérfanos de título escrito de dominio.

La única alusión que los obispos catalanes hacen a la oficina de mediación está incluida en el punto número 3 del documento. Y dice así: «En el caso de posibles errores de las inmatriculaciones, las diócesis con sede en Cataluña están abiertas al diálogo con los interesados y a resolverlo de forma amistosa. Si no hubiera acuerdo, siempre se podría recurrir a los tribunales de justicia competentes». Todo indica que la Iglesia defenderá a ultranza las decenas de miles de inmatriculaciones practicadas y solo excepcionalmente admitirá su devolución en casos muy claros. Ese escenario obliga a los reclamantes a un costoso, incierto y complejo camino judicial. Es el caso, por ejemplo, de Joan Casajoana, agricultor catalán, que lleva tres años litigando con la Iglesia por la recuperación de varios bienes familiares inmatriculados por la jerarquía eclesiástica. Después de un rosario de reclamaciones ante el Obispado y la presentación de numerosos documentos acreditativos, Casajoana logró la devolución de una casa y un terreno, pero el prelado se negó a reintegrar una ermita románica y un cementerio ubicados en la finca familiar desde tiempo inmemorial, para cuya construcción y mantenimiento la Iglesia «nunca puso un duro», según el testimonio del payés.

Casajoana lleva tres años investigando la cuestión de las inmatriculaciones en nombre de la Unió de Pagesos, a cuya ejecutiva perteneció durante largo tiempo. El sindicato agrario formalizó una alianza con la Asociación de Micropueblos de Catalunya, que agrupa a 180 entidades locales, muchos de cuyos ayuntamientos también han denunciado la inmatriculación de bienes de carácter comunal. Mario Urrea, alcalde de Torrebesses y presidente de la asociación de pequeños municipios, tiene noticia de que algunos ayuntamientos van a utilizar la oficina de mediación para intentar recuperar edificios inmatriculados. «Pero nosotros como asociación no vamos a actuar», puntualiza. «No tenemos gabinete jurídico y son los propios ayuntamientos los que deben reclamar».

La opinión de las asociaciones patrimonialistas es taxativa. Bien por la publicación del listado de inmatriculaciones, pero mal por la elección de una oficina de mediación como forma de resolver el conflicto. Las razones son evidentes, a juicio de Andrés Valentín, coordinador de Recuperando, la plataforma ciudadana que agrupa a más de una veintena de colectivos que exigen la nulidad de todas las inmatriculaciones eclesiales. «La administración no puede ser equidistante», declara, «sobre todo, en bienes de naturaleza pública». Se refiere a las numerosas plazas inscritas, los miles de monumentos históricos, los cementerios o los terrenos comunales, cuya titularidad pública viene reclamando Recuperando desde su creación. Otras muchas propiedades son de titularidad «confusa» o de intereses privados, que se ven empujados a iniciar gravosos procesos judiciales para poder recuperarlos. La coordinadora ciudadana exige, por lo tanto, una solución global legislativa que declare nulas todas las inmatriculaciones por «inconstitucionalidad sobrevenida». Una vez que se restablezca la legalidad registral, estima Recuperando, que la Iglesia inscriba los bienes cuya propiedad pueda acreditar en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano.

«La responsabilidad de la administración es apoyar los planteamientos de los particulares y los ayuntamientos», abunda Andrés Valentín. En su opinión, además, la oficina de mediación va a tener serias dificultades técnicas para gestionar los casi 4.000 casos identificados en el listado. «¿Qué medios tiene? Es un propósito inviable», remacha el coordinador de Recuperando. Andrés Valentín cree que la Generalitat podría estar actuando de «buena fe» pero con una estrategia «errónea». Lo que propone, en cambio, es convertir la oficina de mediación en un órgano asesor de apoyo a los eventuales reclamantes.

El Gobierno central podría tener la tentación de poner en marcha una estrategia similar a la arbitrada por la Generalitat. Desde hace más de dos años, tiene en su poder un listado de las inmatriculaciones que la Iglesia ha registrado en toda España entre 1998 y 2015. Pero se niega a hacerlo público, en contra del dictamen del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno e incluso de sus propias promesas electorales refrendadas por el presidente Pedro Sánchez en la sesión de investidura. Andrés Valentín, sin embargo, desestima esa posibilidad. A su juicio, el Ejecutivo central «está más cómodo en la negociación secreta y opaca que mantiene con la Iglesia», cuyos hilos maneja personalmente la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Publicar el listado y activar una oficina de mediación a nivel estatal sería, en su opinión, «abrir la caja de Pandora».

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