Redacción | Dos semanas después del temporal Filomena, apenas queda rastro de la nieve que cubrió las calles y edificios de la ciudad de Madrid hasta hacerla irreconocible. Las graves consecuencias derivadas de este fenómeno van más allá del impacto económico, dudosamente estimado según el consistorio municipal en más 1.000 millones de euros. Recientemente, la sección sindical de Jardinería Madrid de CGT ha hecho público un informe preliminar sobre los efectos de la nevada desde una perspectiva sindical que pone el foco en la gestión pública y sus repercusiones en términos de derechos, tanto laborales como de la propia ciudadanía. Hablamos Jorge Neira, representante de coordinación CGT jardinería Madrid, sobre el sentido y el contenido de dicho informe.

 

Como señaláis en la introducción del informe, la intención de vuestro sindicato no es contribuir a un clima de enfrentamiento con instituciones públicas, partidos políticos o concesionarias, sino elevar la necesidad de realizar un ejercicio de fiscalización y análisis tanto de las decisiones tomadas como de la propia capacidad organizativa de los servicios públicos. ¿Por qué es tan importante hacer hincapié en este enfoque y en recuperar la rendición de cuentas como parte fundamental de un funcionamiento democrático?

El enfoque en cuanto a no entrar en una dialéctica agresiva es por mantener el decoro y las cuestiones más básicas de la educación. Tampoco queremos ser azote de nadie, ni de partidos políticos ni de instituciones en este caso, municipales. Sí está en nuestro ADN y finalidades defender los derechos laborales y una gestión eficiente y eficaz.

Hacemos hincapié en que una gestión directa es siempre mejor que una indirecta. Nosotros y nosotras tenemos un punto de vista muy marcado en ese sentido. Entendemos que el sistema neoliberal ha impuesto una lógica que la sociedad en general ha aceptado sin más preguntas, fundamentada en el mero de la aceptación de la gestión privada. Esto es una reflexión personal: una desorientación generalizada en la sociedad en cuanto a su participación y reivindicación del orden político.

Entendemos que, en la gestión privada, la figura de un intermediario privado se lleva mucho a cambio de muy poco. La responsabilidad de un servicio público esencial siempre será de la institución pública en última instancia. Si la gestión es directa, donde la propia institución hace la fiscalización y ordenación del servicio público, hay un control que, independientemente sea más o menos honesta o eficiente, es de la institución.

Además, la gestión directa propicia ahorro en el coste. Cuando la gestión es privada queda claro que independientemente de cuál sea el montante económico a determinado servicio público siempre se aumentará por el beneficio empresarial y el IVA que debe asumir la propia institución, entre otros aspectos. Esto encarece el servicio y no garantiza que vaya a ser mejor.

Pero, además del encarecimiento en la gestión, hay falta de control. Cuando una institución pública otorga la gestión a una empresa privada, lo que hace es desentenderse. Y esa empresa privada generalmente utiliza ese desapego o desentendimiento municipal en este caso, como una forma de actuación beneficiosa para la empresa. Lo que queda claro en nuestra experiencia acumulada en décadas de esta lógica neoliberal, es que la gestión privada es mejor solo para la empresa privada: No es mejor para el usuario y usuaria y siempre para las plantillas es deficiente.

 

Empezando por el final del informe, ¿cuáles han sido las principales consecuencias para la ciudadanía y para nuestro patrimonio verde?

Como consecuencia de este temporal, anunciado con antelación, después de casi 30 horas de nevada continuada hemos estado casi 10 días sin poder utilizar las calles de manera ordinaria o habitual. Esto es resultado de una mala gestión, primero municipal pues, hay que insistir en que la responsabilidad final es de la institución. Pero también es una negligencia empresarial pues no recoge en su hoja de ruta invertir para resolver los efectos del temporal en poco tiempo, ya que eso le significaría invertir tiempo, logística, invertir en la formación de persona técnico, intermedio y plantillas e invertir en material. Esto último supone un gasto que no están dispuestos a asumir, pues entra en detrimento del beneficio de las empresas.

Sobre el patrimonio verde, no podemos imputar directamente a la negligencia ni de la institución ni de la empresa, que se haya producido un porcentaje muy alto de deterioro, no solamente en el arbolado urbano sino también en las especies arbustivas. No se les puede responsabilizar que la naturaleza del arbolado urbano no esté capacitada para aguantar un vendaval de 30 horas consecutivas y el peso que supone la nevada en las especies arbóreas, sobre todo en las pequeñas. Sí podríamos achacarles que el arbolado de Madrid está en unas condiciones que no son las adecuadas. En 2015 cuando se creó la Mesa del Árbol por el anterior Área de Medio Ambiente y Movilidad del gobierno de Manuela Carmena y Ahora Madrid, se dio un dato muy significativo: Alrededor de un 40% del arbolado de Madrid estaba dañado en algún porcentaje grave o muy grave. Cinco años después, no se ha mejorado de manera perceptible la situación del arbolado madrileño, ¿Esto es imputable a la conservación? En un porcentaje, si, aunque no sabría estimar si mucho o poco. ¿Es imputable al estado del arbolado el daño sufrido con la nevada? Yo creo que, de manera significativa, no. Aunque el arbolado de Madrid hubiese estado en condiciones excelentes no está acostumbrado a resistir un temporal como este, sobre todo las especies pequeñas.

Para la ciudadanía, lo que hemos visto: incomunicación, imposibilidad de desarrollar la vida de manera normal, de relacionarse con vecinos y vecinas, sobre todo las personas mayores. Es una clara imprevisión, no sólo de la institución sino también de las concesionarias.

 

Entrando en la valoración de las distintas dimensiones, la gestión política adoleció de una falta de previsión a pesar de que la AEMET alertó de la gravedad del temporal días antes de que se produjera. ¿Existen planes de actuación preconcebidos que se anticipen a estas situaciones, por inusuales que puedan ser?

Sí. El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid sí tiene estipulado modelos de actuación cuando se acercan circunstancias climatológicas adversas. Claro, esta ha sido excepcional, no hay que dudarlo. Pero estaba claro que había previsión y alerta, y a lo mejora aquí soy un poco arriesgado, pero no he notado que se diera una intención particular para solventar una situación que se podía dar.

 

A la vista de la improvisación en las decisiones y directrices, se suman otros factores relacionados con la propia gestión organizativa de las concesionarias, ¿nos puedes explicar cuáles son?

Una vez pasado el temporal, en los días posteriores, esos casi diez días con la ciudad imposibilitada, hay muchos factores que redundaron negativamente. Uno de ellos que referimos en el informe sindical es que las plantillas no estaban dotadas del material adecuado para hacer frente a una nevada tan copiosa. Pasados los primeros dos o tres días, no se buscó mejorar esa situación. El modelo organizativo de las concesionarias ha sido muy precario. De hecho, ha sido nulo y se puede calificar de vergonzoso, pues hablamos de unas concesionarias que, por este contrato de ocho años que termina ahora en julio 2021, han recibido alrededor de 1.200 millones de euros, aunque no recuerdo la cifra exacta.

La organización de las concesionarias ha sido vergonzosa. El primer y el segundo día, parte de la plantilla consumó su jornada laboral sin herramientas adecuadas para las aceras, se ha utilizado muy poca maquinaria pesada o de la que se utiliza en el norte, en cotas altas o en países acostumbrados a esta climatología.  Y a pesar de esto, no ha habido una reacción aún cuando estábamos sumidos en una vorágine de la imposibilidad de gestionar, a mi juicio, algo que se podía asumir y que la gente que tiene responsabilidades sabía que podía ocurrir.

 

Uno de los mantras que llevamos mucho tiempo escuchando es que la externalización de la gestión de los servicios públicos mediante subcontrataciones es más eficiente que la gestión directa. Sin embargo, en el informe señaláis que esto no es así, ¿cuáles son las evidencias que desmontan este mantra? ¿Qué consecuencias tiene esta privatización encubierta de los servicios públicos en términos de derechos laborales o en la propia calidad del servicio?

La privatización en la gestión de un servicio público siempre precariza los derechos de las plantillas y siempre beneficia el despido y el incumplimiento de la normativa, ya sea el convenio, prevención de riesgos laborales u otras. La carga de trabajo suele aumentar el estrés y las bajas por accidentes de trabajo, también. Esas consecuencias están demostradas, pero no hay que pararse solo ahí, sino en lo que significa dotar a una empresa privada con, prácticamente, el poder absoluto para la organización y gestión de un servicio que el propio ayuntamiento no es capaz de controlar. Hay una connivencia, una complicidad malsana, según lo entendemos desde CGT, que está muy estudiada desde que se realizan los pliegos de condiciones, siempre con condiciones beneficiosas para las empresas privadas y con la imposibilidad de fiscalizar adecuadamente y sancionar cuando incumplen. Este aspecto se da muy a menudo. Aquí en Madrid lo llevamos sufriendo décadas, claro, tiene que ver con el signo político que lleva gobernando Madrid, no solo en la ciudad sino en la Comunidad tantos años.

Tiene mucho que ver la ideología, la imposición de esa lógica que he comentado antes, de ese sistema neoliberal de beneficios para la minoría y de insatisfacción para las plantillas y para los usuarios y usuarias de estos servicios públicos. Esta insatisfacción al hacer uso de ellos o porque son receptivos de una mayor calidad debida, como puede ser la jardinería y la limpieza en Madrid.

Lo que está claro es que la privatización de la gestión de un servicio público es una perversión del propio servicio público pues antepone una prioridad que no viene recogida en la Ley de Bases del Régimen Local, que legisla la gestión de los servicios públicos municipales y donde dice que hay cuatro posibilidades de gestión:  una, propiamente por el Ayuntamiento, la segunda por un organismo autónomo, la tercera a través de una empresa pública municipal y la cuarta a través de una sociedad mercantil 100% pública. Hay una quinta posibilidad: la gestión indirecta de un servicio público, siempre que haya un informe que diga que esa gestión es más beneficiosa que las cuatro anteriores, cosa que no se realiza nunca.

La perversión está en que el modelo de la gestión privada prioriza el beneficio empresarial por encima de cualquier cosa y la gestión directa prima una gestión de excelencia o como mínimo, eficiente para la ciudadanía. En el dilema si la gestión privada es mejor o peor, desde CGT podemos certificar con muchos datos que es peor. Además, hay una corriente, ya no madrileña, ni siquiera estatal, sino global de recuperación de la gestión de los servicios públicos de mano de la privatización anterior. Se dan casos en todo el mundo de remunicipalización o recuperación, de alguna manera, de la gestión pública, de servicios que habían sido privatizados anteriormente por las instituciones. Estos datos se pueden ver en la página web del Transnational Institute (TNI), que lo recoge en un informe publicado en castellano publicado el junio pasado. Lo recomiendo.

CGT desde siempre ha sido un firme defensor de la recuperación de la gestión en aquellos servicios que han sido privatizados. Hay personas que militan en CGT que militan en colectivos sociales que se dedican a implementar el debate sobre la recuperación de la gestión de los servicios públicos. Se adquiere bagaje, conocimientos. Con el anterior equipo de gobierno municipal hubo la ilusión de la posibilidad de hacer frente a este sistema neoliberal que quiere hacerse con la gestión de los servicios públicos, además de terminar con el empleo público de calidad y las organizaciones sindicales.  Entendíamos que había una posibilidad que esos cuatro años se dieran pasos hacía ese sentido, para que Madrid se convirtiera en punta de lanza en la recuperación de la gestión porque, además, se daban casos que durante esa legislatura llegaban a su fin muchas concesiones. Se pudo haber optado por cualquiera de las cuatro formas de gestión directa y no se hizo, excepto en funeraria, el teleférico, Bicimad y un par de parkings públicos. Entendíamos que, con la nueva legislatura del PP, Ciudadanos y el apoyo de Vox, pues iba a ser volver a las tinieblas.

Lo que refuerza nuestra posición con la noticia de la remunicipalización de las escuelas de tauromaquia es que realmente sí existe esa posibilidad y que es sencilla. Que se trata de voluntad política. Claro, remunicipalizar un servicio que maltrata a los animales y está en franca decadencia y es importante para una pequeña minoría, no tiene ningún sentido en el haber de las remunicipalizaciones. Lo único que se puede rescatar de esta noticia es que, si las instituciones quieren, se puede, y no hay objeciones jurídicas, legales, laborales … si se quiere, se hace. Pero es más efectivo políticamente para ellos y su electorado el rescatar las escuelas de tauromaquia, y digo rescatar pues estaban en números rojos, e inyectar dinero público con esta remunicipalización, que abordar la recuperación de la gestión de la recogida de residuos urbanos, de la limpieza diaria, de la jardinería, servicios sociales, de la ayuda a domicilio, servicios básicos y fundamentales para la ciudadanía de Madrid y que las políticas conservadoras no tienen en cuenta.



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