Galicia fue la primera región de España en abandonar la situación de tutela del Estado para disfrutar de la llamada ‘nueva normalidad’. Fue el 15 de junio pasado. A un mes de las elecciones autonómicas, todo parecía ir viento en popa para el entonces candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo. Pero las cosas empezaron a torcerse. Coincidencia o no, lo cierto es que cuando las administraciones regionales se hicieron cargo de la gestión de la pandemia, los brotes comenzaron a multiplicarse.

Los expertos ya advirtieron que esto iba a ocurrir. Tal vez no con la fuerza con que lo ha hecho, en particular en las últimas semanas. Ni siquiera de los contagios se libra la Xunta de Galicia, cuya gestión fue elogiada principalmente por presidentes de la misma formación que el gallego. No hay duda de que esos parabienes también ayudaron a Feijóo a lograr su cuarta mayoría absoluta, igualando al mito conservador Manuel Fraga.

“No ha habido ninguna gestión. La Xunta no ha gestionado absolutamente nada. La única responsabilidad real que tenía, que era garantizar que las residencias de mayores reunieran las condiciones de personal, protocolos, de cuidadores, de acción frente a epidemias, no la asumió”. Quien lo dice es Manuel Martín, portavoz de SOS Sanidade Pública y presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública a nivel estatal.

La comparación con otras comunidades autónomas enseguida surge. Así lo hicieron en determinados momentos del Estado de Alarma, incluso por parte del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, que llegó a elogiarlo. El PP, salvo las excepciones marcadas por el sector más radical del partido con su defensa de Isabel Díaz Ayuso, utilizó la supuesta sobresaliente gestión de Alberto Núñez Feijóo para ensalzarlo y ponerlo de ejemplo.

De la buena gestión a…

Ahora, dos meses después del fin del Estado de Alarma y transcurrido uno desde las elecciones que encumbraron al líder de los ‘populares’ gallegos, la cosa ha cambiado radicalmente. Galicia acumula casi tres semanas de incremento continuo y diario de contagios. Hoy, presenta más de 1.100 casos activos. Aún lejos de los 1.500 que había el 16 de mayo, o los 722 del 1 de junio. Pero mucho más de los que se contabilizaban hace menos de un mes (178 el 21 de julio o 163 dos días después).

Después de que el Gobierno central diera por finalizado el Estado de Alarma presionado por la oposición que, en el caso del partido de Feijóo, votó en contra en las últimas prórrogas, llegó el momento de las CCAA y de una figura que empezó a conocerse tan solo unas semanas antes: el rastreador.

Desde que España, y buena parte del planeta, cayeron en las manos del COVID-19 expertos en salud pública no han dejado de analizar los mecanismos necesarios, primero, para mejorar el tratamiento de los contagiados más graves; segundo, detener la expansión de la pandemia; tercero, evaluar los pasos a dar en sentido contrario, es decir, cómo entrar en la ‘nueva normalidad’. No obstante, en todas esas etapas y, en particular, tras dejar atrás las fases de desescalada, entran en escena los rastreadores. 

ElPlural.com preguntó hace unos días al Servizo Galego de Saúde (SERGAS) por la cantidad de personas que se dedican a la fundamental labor de dar con los contactos y origen de una persona contagiada. La respuesta fue contundente: un total de 6.108 profesionales. Estos, según la explicación, “participan en la pronta identificación de todos los casos sospechosos de infección, para indicar su aislamiento y las solicitudes de prueba PCR para confirmar o descartar sospecha”.

Según esta respuesta, Galicia cuenta con una ratio que se encuentra muy por encima de lo que marcan las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Pero no todo es lo que parece, porque en otra parte de la respuesta que el SERGAS ofrece a este medio de comunicación detalla de donde sale esta cifra: “El sistema de rastreo de contactos en Galicia se realiza mediante un sistema en el que participan técnicos de servicios centrales y de las jefaturas territoriales de la Dirección General de Salud Pública, los servicios de Preventiva de los hospitales y Atención Primaria, además de los operadores de la plataforma tecnológica de seguimiento de contactos”.

“Caradura sin precedentes”

Para el portavoz de SOS Sanidade Pública esta repuesta responde a “un nivel de caradura sin precedentes”. Manuel Martín se sirve del argumento que le ha servido a la presidenta ‘popular’ de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para justificar el recurso al sector privado para contratar a una veintena de rastreadores, algo que ya por sí le parece “una broma”.

En su momento, desde la región madrileña se aclaró que realizar este contrato de forma urgente y sin publicidad de debía a la falta de tiempo para la formación de los profesionales en tareas de rastreo. Al margen de la inacción que se le podría achacar por todo el tiempo transcurrido, se pregunta Martín “¿cuándo se han formado los rastreadores gallegos? Aquí no ha habido capacitación ni formación”.

“A vuestra pregunta contestan con esos 6.108 -continúa- pero podrían haber dicho 10.000 o 15.000”. A su juicio, este es “el estilo de hacer política del Gobierno de Feijóo y que pasa por inventarlo todo, y para ello no tiene ningún tipo de pudor. ¿hay rastreadores en Galicia? No”.

En realidad, y así lo denunció la semana pasada la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC), sin saber el número de rastreadores que trabajan para la Xunta, no existe coordinación con los médicos de Atención Primaria porque se trata de “gente contratada que está fuera del sistema”.

Ahora mismo, Galicia se ha convertido en uno de los destinos turísticos para buen número de españoles. En ciudades como Pontevedra, se observa a mucha gente de fuera. Es la buena noticia económica, pero las consecuencias son el incremento por ahora descontralado del número de contagios.

Y el turismo, como mala noticia

El portavoz de SOS Sanidade Pública, viendo lo sucedido antes de la ‘nueva normalidad’, asegura a ElPlural.com con rotundidad que, con una incidencia similar a Madrid o Cataluña, en Galicia la situación hubiera sido verdaderamente dramática. “No contamos con las camas o UCIs necesarias porque sufrieron un importantísimo recorte en los últimos años. Por ello, esa falta de recursos materiales y personales, puesto que también la Atención Primaria padeció de manera especial los tijeretazos con más de 400 médicos o más de 800 enfermeros”, indica Martín. “Si todos los años los hospitales están colapsados por la gripe, ¿qué hubiese ocurrido si la epidemia tuviese la virulencia de otros lugares?, pues hubiera habido un drama tremendo”, asevera.

En Galicia, y así lo han dicho muchos expertos, en la primera ola del COVID-19 jugó un papel fundamental su tradicional y denunciado aislamiento en materia de transportes. También la dispersión de la población. Ahora, con el verano, aquellos buenos resultados unido al miedo al Mediterráneo y al sur de España, ha convertido en zona de riesgo también la comunidad gallega.

Ciudades como Sanxenxo están “invadidas por gente, sobre todo madrileños”, dice Julia. Ella, como otros muchos, se quejan de la actitud de los turistas más jóvenes que se ven estos días en diferentes puntos de las Rías Baixas.

Mientras esto sucede, Mercedes, personal sanitario de una residencia de mayores perteneciente a la Xunta, confirma que “ya nos han avisado de que estemos preparados para lo que se nos viene encima”. Manuel Martín también es de la misma opinión e insiste en que la Xunta de Galicia debe dejarse de medidas “propagandísticas como los hospitales de campaña” que supusieron un coste de “más de 40 millones de euros”, y cubrir las necesidades históricas que presenta la sanidad pública gallega para que “no se produzca su colapso en septiembre u octubre”.



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