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Al juez José de la Mata le queda poco tiempo en la Audiencia Nacional antes de irse a La Haya como miembro de la agencia europea que coordina la cooperación europea en asuntos judiciales. Desde que se conoció la noticia, el magistrado está dando por cerradas distintas investigaciones que se llevaban a cabo desde su juzgado. La última, la que se tenía como protagonistas al exembajador Gustavo de Arístegui y al exdiputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, a los que el juez ha propuesto enviar al banquillo.
En el auto del juez, también se propone juzgar a otras 21 personas por constituir, supuestamente, una organización para conseguir contratos en países extranjeros, en este caso Argelia, mediante el pago de dádivas y comisiones a funcionarios de ese país.
El juez considera que hay indicios sólidos de que los 23 investigados cometieron delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal o asociación ilícita.
Además de conseguir los contratos, a cambio de sobornos, De la Mata cree que el objetivo de los miembros de la trama era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos del propio contrato. Para eso, armaron «una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa» así, consiguieron simular la «la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla.
La simulación pasaba por «negocios jurídicos mercantiles suscritos entre sociedades interpuestas; contratos de prestación de servicios y de consultoría falsos; facturación igualmente falsa justificativa de las operaciones; etc. Además, dice el juez, «las prestaciones objeto de los contratos no fueron realizadas y eran meramente ficticias».
Todo, además, se hizo con «visión de largo plaza», dice el magistrado en su resolución que puede consultar aquí.
Arístegui y De la Serna están investigados como comisionistas intermediarios entre las empresas públicas argelinas y las empresas privadas españolas que organizaban los contratos. Desde esa posición, y junto a los directivos de ELECNOR Germán Junquera Palomares y Ramón López Lax, lideraban la organización.
Un segundo grupo se encargaba de «implementar la estrategia acordada por los líderes, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos ilícitos obtenidos», según el auto.
Por último había un bloque dedicado a aportar sus estructuras haciendo de intermediarios para permitir la «opacidad de los pagos (…) y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones».
El juez da 20 días a las partes para solicitar la apertura de juicio o pedir que se archive la causa.
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