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Redacción | En los últimos días se han hecho sentir las protestas de las personas migrantes del campamento Las Raíces situado en La Laguna (Tenerife), que alberga a dos mil personas en una condiciones inhumanas. Algunas de ellas actualmente en huelga de hambre.
A la criminal política del estado español con la migración en Canarias, que obliga a estas personas a permanecer hacinadas en las islas en instalaciones insalubres, se suma ahora la represión policial cuando surgen la protestas.
Defendemos el derecho a tener derechos. Las personas migrantes del campamento de Las Raíces ya no pueden más. La situación es insostenible y se ha convertido en una bomba: el hacinamiento produce inevitables roces y tensiones entre quienes se ven obligados a permanecer en estas condiciones.
Las entidades privadas que gestionan y atienden este campamento no ayudan a mejorar la situación. Los eventuales conflictos entre personas alojadas no son reconducidos de la manera más adecuada. Las protestas se repiten y desde la policía se empeora la situación. El racismo institucional asoma en cada intervención y lejos de apaciguar los ánimos, la policía dispara pelotas de goma para disuadir los disturbios generados por el hambre y la desesperación.
Junto al campamento numerosas personas de la isla, que prestan su apoyo de manera solidaria, son testigos de primera mano de lo que pasa. En los últimos meses han denunciado el trato inhumano que sufren las personas que allí se encuentran: falta de asistencia médica, condiciones insalubres de las instalaciones, largas colas para conseguir comida de «mala calidad», reconocido incluso por la ONG Accem a la prensa, etc. Circunstancias que han hecho estragos entre las personas migrantes.
Las revueltas continuarán y el estado español que parece querer provocar esta situación límite en los migrantes, a modo ejemplarizante, utiliza la represión de las fuerzas y cuerpos de seguridad aumentando el estado de violencia para justificar sus políticas actuales y futuras, alimentando y validando los dogmas de la extrema derecha.
Pasan los meses y desde la Delegación del Gobierno del Estado no se contempla aumentar los recursos o mejorar las políticas para la llegada de migrantes, vulnerando sistemáticamente los Derechos Humanos y poniendo en peligro la vida y el futuro de miles de personas.
Mientras tanto estas personas sin derechos, criminalizadas por el lugar donde nacieron o por su color de piel, siguen acumulando sufrimiento que se trata de contener ahora en un recinto en condiciones insalubres e inhumanas. La tensión sube y las emociones crecen junto a la incertidumbre de su futuro y el hambre de sus familias.
Es necesario cerrar CIE’s y campamentos que hacinan a miles de personas en situación límite, y ayudarlas o dejarlas continuar dignamente con sus vidas. Es necesario un giro radical en las políticas migratorias española y europea. Debe facilitarse el tránsito de la migración africana hacia otros territorios del Estado Español, hacia Europa o hacia donde libremente elijan.
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