34.961 son finalmente los bienes inmuebles que la Iglesia católica inmatriculó gracias a una ley impulsada por José María Aznar en 1998 que permitió registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica. El Consejo de Ministros ve este martes el informe elaborado por la vicepresidencia de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y se lo enviará al Congreso, según han informado fuentes gubernamentales a elDiario.es. A partir de ahí, el listado de los más de treinta mil bienes e inmuebles podrán ser sometidos a consulta pública para que los particulares que consideren que tienen derechos de propiedad sobre los mismos puedan iniciar los procesos de reclamación.
Aznar promovió una modificación de la Ley Hipotecaria que permitió a la Iglesia registrar a su nombre miles de fincas con una simple certificación eclesiástica. Durante la dictadura franquista una ley permitía que la Iglesia registrara los templos con tan solo la firma de un obispo. La normativa de Aznar ampliaba ese privilegio a lugares que no fueran de culto. Ese procedimiento estuvo vigente hasta el año 2015, cuando se modificó esa normativa. En ese periodo de diecisiete años, la Iglesia inmatriculó un total de 34.961 bienes de acuerdo al informe que ha llegado «en mano» al Consejo de Ministros, es decir, sin incluirse previamente en el orden del día, según esas mismas fuentes.
El listado de inmatriculaciones es una reivindicación que viene de largo. El PSOE impulsó una proposición no de ley en la Comisión de Justicia del Congreso en la que instaba al entonces Gobierno de Mariano Rajoy a elaborar ese listado para que se pudiera poner en marcha el proceso de recuperación de los bienes por parte de quien consideraba que tenía derechos de propiedad sobre los mismos. La moción fue aprobada con el voto en contra de PP y Ciudadanos en 2017. Cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Dolores Delgado comenzó los trabajos que ahora ha culminado el departamento de Carmen Calvo, que es la que pilota las relaciones con las órdenes religiosas. «Con la remisión al Congreso del listado, se podrá consultar a partir de ahora el origen de estas inmatriculaciones, lo que podría hacer posible la reclamación de los bienes en caso de conflicto sobre su titularidad», explican en Moncloa.
Algunos de monumentos emblemáticos que la Iglesia ha inmatriculado por apenas unos euros son la Mezquita de Córdoba en 2006, la Giralda y la Catedral de Sevilla en 2010 o la Catedral de Zaragoza –conocida como la Seo–. A esta lista hay que sumar la Catedral de Valladolid, la del Buen Pastor de Donostia, y las de Granada, Jaca y Málaga. No obstante, en el listado figuran también bienes inmuebles que nada tienen que ver con la actividad religiosa, como pisos o garajes. De hecho, el informe que el Colegio de Registradores remitió al Gobierno recogía que más de la mitad de esos bienes inmatriculados eran de ese tipo. Ese documento demostró, además, que solo en 4.075 casos la Iglesia aportó algún título de propiedad más allá de su propia certificación.
A partir de ese informe, el Gobierno ha abordado con la Iglesia el asunto de las inmatriculaciones, que se suma a la fiscalidad, otro de los asuntos que Pedro Sánchez pretende modificar en su mandato. La vicepresidenta primera ya ha iniciado las conversaciones con la conferencia episcopal sobre la intención de que la Iglesia pague IBI por los lugares que tiene a su disposición y que no son de culto. «Queremos que la Iglesia responda de la fiscalidad como en Francia o Italia», expresó Calvo en una entrevista antes de reunirse con el nuncio del Vaticano en España. Ese asunto también se abordó en el encuentro que mantuvo con el número dos del Papa, el cardenal Pietro Parolin.
