Personal técnico trabaja en la exhumación de la fosa común de Pico Reja, en Sevilla,  el pasado julio.
Personal técnico trabaja en la exhumación de la fosa común de Pico Reja, en Sevilla, el pasado julio.María José López / Europa Press

“Este país no puede tener víctimas de diferente consideración”, ha proclamado este jueves la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, exigiendo el mismo respeto y reconocimiento para las víctimas del franquismo, las del terrorismo y las de la pandemia. La número dos del Ejecutivo ha presentado junto al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, alcalde de Vigo, el llamado plan de recuperación de la memoria democrática de la FEMP. El Ejecutivo ha adjudicado 1,5 millones de euros en ayudas para la localización y apertura de 114 fosas de la Guerra Civil así como para la recogida de testimonios. Los proyectos han sido presentados por 22 asociaciones y 92 consistorios de 25 provincias diferentes, la mayoría correspondientes a Andalucía (53), Comunidad Valenciana (15) y Extremadura (10). Los planes de mayor envergadura, con ayudas estatales de 18.000 euros cada uno, se ubican en los municipios de Cádiz, Trebujena (Cádiz), Chelva (Valencia), Córdoba, La Carlota (Córdoba), Huelva, Nerva (Huelva) Jerez de la Frontera y la Algaba (Sevilla).

En total, los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida de 11,3 millones de euros para la recuperación de la memoria democrática. Un 60% —casi seis millones— irá directamente a las tareas de localización, exhumación e identificación de víctimas que aún yacen en fosas y cunetas. Son las primeras subvenciones de este tipo desde 2013, ya que los Gobiernos de Mariano Rajoy redujeron a cero el presupuesto para la aplicación de la ley de memoria histórica. En 2012, el Ejecutivo del PP pegó el primer hachazo: de 6,2 millones de euros del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a 2,5 millones (un 60% menos). A partir de ahí, las partidas fueron de 0 euros.

Estas primeras ayudas adjudicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez suponen una “fase transitoria” hasta la puesta en marcha del plan cuatrienal de búsqueda de desaparecidos del franquismo. “Falta mucho por hacer. Nos quedan muchos años porque han transcurrido muchos años sin que estas cosas se hicieran, sin que esto estuviera en la agenda del Gobierno”, ha declarado Calvo.

El forense Francisco Etxeberria, que ha asesorado al Gobierno en la elaboración del proyecto de la nueva ley de memoria democrática, estima entre 20.000 y 25.000 las víctimas que se podrían recuperar en fosas comunes en cuatro o cinco años. La norma de 2007 establecía un sistema de subvenciones de forma que eran las asociaciones de familiares las que asumían todo el proceso. El relator de Naciones Unidas consideró que era una “privatización” de las exhumaciones que abandonaba a las familias. El Gobierno pretende corregir eso involucrando a todas las Administraciones y al Ministerio Fiscal y creando un banco de ADN para identificar a las víctimas.

La vicepresidenta ha insistido en que la nueva ley tendrá “perspectiva de género” y que negociará hasta el final para intentar lograr el mayor apoyo parlamentario posible, pero el PP, que anunció incluso un proyecto de ley alternativo -que no llegó a presentar- y Vox ya se han manifestado en contra. “Esto es una tarea compartida”, ha añadido Calvo, quien pide a todas las Administraciones “trabajar sin descanso” para la recuperación de restos de los desaparecidos del franquismo.

El presidente de la FEMP ha recordado durante su intervención a Emilio Martínez Garrido, alcalde de Vigo fusilado en agosto de 1936 que hoy pone nombre a una calle de la ciudad. “Sin recuperación de la memoria histórica no hay democracia”, ha declarado Caballero, quien ha destacado cómo ayuntamientos de distintos partidos, “aunque más de unos colores que de otros”, habían participado en la presentación de estos proyectos para la apertura de fosas.



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