Contra el viento de la crisis y la marea de los reproches de la derecha, el Gobierno afrontará el año que viene la mayor exhumación de fosas del franquismo en 40 años. Y para eso ha previsto un “presupuesto histórico”. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática dispondrá de 11,3 millones de euros, lo que supone gastar en un solo año casi la mitad de lo destinado a esas políticas durante toda la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, antes de que los Ejecutivos de Mariano Rajoy borraran la partida de los Presupuestos del Estado. Un 60% —casi seis millones de euros— irá directamente a la apertura de fosas. El plan, con el respaldo de la izquierda y de Ciudadanos, consiguió que PP y Vox volvieran a coincidir este jueves tras varias semanas de desencuentro. El partido de Santiago Abascal lo considera un “dispendio indignante”. El PP denuncia que el objetivo último de las políticas del Gobierno es “ahondar en las dos Españas” por su “pertinaz empeño en demoler lo que hemos construido juntos”.

No hay debate sobre la memoria histórica que no acabe sembrando la discordia. Tampoco se han librado las discusiones iniciadas esta semana en la Comisión de Presupuestos del Congreso, en la que personalidades y altos cargos están explicando el proyecto de cuentas públicas para el próximo año. Todo lo que eran discusiones técnicas y tono más bien distendido ha dado paso a ruido, palabras gruesas y rifirrafes verbales con la comparecencia de Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática.

Esa secretaría de Estado, creada en enero pasado dentro de la vicepresidencia primera del Gobierno, tiene como tarea más urgente el “plan de choque” de cuatro años para intentar recuperar e identificar a, al menos, 20.000 de los casi 115.000 cadáveres que se suponen siguen enterrados en las fosas comunes del franquismo. El proyecto incluye convenios con comunidades autónomas y municipios, ayudas a las asociaciones de memoria y actuaciones en grandes enterramientos, entre ellos el Valle de los Caídos. También exposiciones, construcción de monumentos, la elaboración de un censo de víctimas y la creación de un banco de ADN para facilitar que los descendientes de las víctimas encuentren sus restos mortales. Un “imperativo moral”, según Martínez, para dar “reparación y dignidad” a los caídos por la represión y cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Ciudadanos, que hace un año se abstuvo en la votación sobre la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos, no pone pegas al plan, aunque pide “que se haga ya para así poder cerrar un debate que siempre se abre con fines políticos y no de búsqueda de consensos”, instó la diputada María Muñoz, que, con todo, criticó el gasto adicional que supone haber dado rango de secretaría de Estado a lo que antes era una simple dirección general. El rechazo llegó de la derecha. A Vox le escandaliza este gasto “en medio de la hecatombe económica e inminente bancarrota”. Su diputado Francisco José Contreras logró mantener un tono que él mismo calificó de “cordialidad” sin rehuir una descalificación completa de las políticas de memoria, que tachó de “totalitarias, sectarias y maniqueas” y que, a su modo de ver, suponen “una deslegitimación implícita de la Transición” y del sistema constitucional.

El argumento fue recogido por el diputado del PP Jaime Mateu, y con tono más vehemente. Sin entrar en consideraciones sobre el gasto previsto, el portavoz popular acusó al Gobierno de buscar “lo contrario de la reconciliación” y de ese modo cuestionar “la España luminosa de la Transición”. “¿Dónde dice la Constitución que debemos propugnar el olvido?”, replicó Martínez, quien insistió en que las víctimas del bando sublevado contra la República ya tuvieron reparación durante la dictadura, mientras que los abatidos por el franquismo aún están esperándola. Frente a las acusaciones de la oposición, el secretario de Estado defendió que su plan contribuirá a “afianzar la democracia” y “aumentar su calidad”.



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