El disputado superávit de los ayuntamientos

Manuel de la Rosa Hernández | El pasado 3 de agosto se llevó a efecto el acuerdo del Ministerio de Hacienda con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) que preside Abel Caballero, alcalde del PSOE, para el uso del superávit presupuestario de los ayuntamientos. La propuesta solo recibió el apoyo de los alcaldes del PSOE y la abstención de Podemos, IU y los Comunes, votaron en contra el PP, Ciudadanos y Junts per Catalunya. Tras un empate esa votación se deshizo con el voto de calidad del presidente de la FEMP, Abel Caballero.

Ese
acuerdo ha desatado la caja de los truenos no solo en los
ayuntamientos, sino que ha trascendiendo a otros ámbitos de la vida
politico-institucional del Estado español. A partir de ahí se están
promoviendo iniciativas y pronunciamientos en contra de la propuesta
de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero.

El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la Federación de Municipios, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.

Iniciativas
en el ámbito municipal

Diez
alcaldes de capitales de provincia el
viernes 7 de agosto durante una reunión telemática, aprobaron un
documento de rechazo a la medida del Ministerio de Hacienda para la
liberación de los remanentes y uso del superávit por parte de los
ayuntamientos.

Los
alcaldes de Cádiz (Adelante Cádiz), Zaragoza (PP), Granada
(Ciudadanos), Lleida (Ezquerra), Madrid (PP), Pontevedra (BNG), Reus
(PdeCat), Valencia (Compromís), Santa Cruz de Tenerife (CC) y Murcia
(PP), han
decidido dirigirse
al resto de alcaldes para luchar contra el acuerdo adoptado entre el
Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
sobre el reparto de la financiación municipal.

Consideran
injusto este acuerdo, porque según ellos, «vulnera
la autonomía financiera de las entidades locales, incauta los
superávits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no
disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los
Presupuestos Generales del Estado». «Los criterios
acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni
solidarios, perjudican gravemente y crean una inaceptable situación
de agravio entre unos municipios y otros» e “impide que los
ahorros de los consistorios se puedan utilizar en beneficio de los
vecinos.”

Estos diez regidores que cuestionan el citado acuerdo, contarían al parecer con el apoyo de una mayoría de diputados. Este hecho puede amenazar con tumbar el decreto ley sobre esas remanentes municipales.

De
aquellos barros vienen estos lodos.

El
PP ha anunciado la intención de presentar mociones “en cada uno de
los 8000 ayuntamientos del Estado español” y llama a todos los
ayuntamientos, incluidos donde gobierna el PSOE “para levantarse
contra este atropello porque esta batalla no va de colores políticos
sino en defensa de los ciudadanos”.

El
PP, en un alarde de hipocresía, también recurrirá el pacto ante el
Tribunal Constitucional “por invasión de la autonomía local”.
Asimismo, ha anunciado que lanzará una ofensiva parlamentaria para
lograr revertir estas medidas sobre remanentes y superávit. No
olvidemos que fue el Partido Popular quien estableció desde el
Gobierno del estado en el 2013 unas reglas de gasto, que entre otras
lindezas, impide el déficit de gasto de los ayuntamientos, con ello
limitan sus inversiones sociales en la mayoría de los casos e
impiden el uso del superavit.

El PP pretende aparecer como si la situación fuera ajena a ellos, cuando fueron quienes la crearon. Cristóbal Montoro, ministro de economía del PP, promovió la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y para el caso que nos ocupa, además, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (la LRSAL).

Contenidos
de lo acordado

Según
el acuerdo FEMP con el Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos van
a poder hacer uso de un 35% de su superavit este año y el que viene.
El
acuerdo incluye la promesa gubernamental de modificar la ley de
financiación de las entidades locales, para superar el marco
establecido en el 2013 por el entonces ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro del PP.

El
acuerdo contempla que las entidades locales que pongan a disposición
del Estado sus remanentes de tesorería (ahorros) irán percibiendo
de manera proporcional a los remanentes que cedan un ingreso no
financiero durante 2020 y 2021. A partir de 2022, y en un plazo de
diez años, los ayuntamientos habrán recibido la totalidad de los
remanentes cedidos y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit.

Según
el presidente de la FEMP, Abel Caballero sería la única forma de
utilizar esos remanentes de tesorería por parte de los consistorios,
«un uso que está limitado por la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera». «La cesión es
la única manera de utilizar los remanentes. Tras cederlos al Estado,
éste nos los devuelve libres de déficit y listos para gastar»,
ha agregado.

Consideramos que lo que tendrían que hacer es modificar la legislación actual, en principio por lo que se refiere al uso de ese remanente y por otro, porque esa modificación favorecería las condiciones para el gasto futuro en los ayuntamientos.

Rectificación
del acuerdo

Los
diez alcaldes exigen a la FEMP y al Estado la rectificación de forma
inmediata de los términos de su acuerdo, así como la iniciación de
nuevas negociaciones que «permitan establecer unos criterios de
reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal
y como ya se ha hecho en el conjunto de las comunidades autónomas a
través del fondo de 16.000 millones de euros habilitados por el
Gobierno de España».

Por
otro lado, señalan en su documento los alcaldes citados que sería
justo que sean los ayuntamientos quienes deban disponer libremente de
sus recursos, «destinándolos a los proyectos y políticas que
cada municipio determine en función de sus propias necesidades».
Priorizando la emergencia social y sanitaria, los servicios públicos
y las carencias en cubrir necesidades como las escuelas infantiles o
las vivienda pública, añadimos por nuestra parte.

Además,
la conocida como Ley Montoro, es un instrumento que ahoga
administrativa y económicamente a los municipios y limita su
autonomía de forma considerable. Exigimos que sean derogadas las
Leyes que promovió Montoro,
ministro de economía del PP, la Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y para el caso que nos
ocupa, La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local -la LRSAL- para que los Municipios puedan
responder a las necesidades de la ciudadanía.

Manuel de la Rosa Hernández es militante de Anticapitalistas.