MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) –

PwC prevé que el “deshielo” de la morosidad, que se mantiene congelada gracias a las medidas de apoyo puestas en marcha para contener el impacto de la pandemia del coronavirus, comience a producirse a partir de este mes de marzo, cuando se cumple año desde que los clientes comenzaron a acogerse a moratorias y carencias en sus préstamos, en muchos casos con efectos durante un año.

Así, aunque muchos préstamos han dejado de pagarse, los niveles oficiales de morosidad de la banca española han permanecido contenidos durante los últimos meses, dibujándose incluso una suave línea descendente, hasta terminar el año en el 4,505%, según los últimos datos del Banco de España.

Además, PwC apunta en su reciente informe ‘Unión Bancaria, ¿una vacuna contra la crisis?’ que la ausencia de reflejo estadístico en los préstamos dudosos sugiere que se está produciendo un cierto embalsamiento de las cifras de los deudores en dificultades, con el riesgo de que afloren de golpe a lo largo de 2021 o 2022.

Según los cálculos de la firma, la suma de moratorias y de los préstamos garantizados por el ICO supera los 170.000 millones de euros, el 14% de la inversión crediticia. Al sumar el 9% de los préstamos que actualmente están considerados en riesgo (los ordinarios asignados a los stages 2 y 3), la cifra absoluta de la cartera crediticia que exige atención por parte de los bancos se dispara hasta los 280.000 millones de euros.

La consultora explica que el grueso de los pagos asociados a esta ‘cartera Covid’ se reactivará previsiblemente entre marzo y septiembre de 2021, pues fue en esos meses de 2020 cuando se solicitaron la mayoría de las moratorias y de los avales del ICO.

“Posiblemente el deshielo comenzará a producirse en marzo de 2021, porque muchos clientes se han acogido a moratorias y carencias en sus préstamos a un año, y fue en ese mes de 2020 cuando se empezaron a solicitar”, apunta la firma.

De la misma opinión es el socio del área de servicios financieros de Bain & Company, Santiago Casanova, quien calcula que la subida de la morosidad comenzará a verse a partir del próximo mes. “Las medidas se pueden seguir extendiendo, pero con las fechas que hay sobre la mesa de fin de moratorias, se empezará a ver una subida en abril”, ha indicado en declaraciones a Europa Press.

Estas proyecciones dependerán de la flexibilidad de las autoridades europeas, que en los últimos meses se han ido adaptando y tomando decisiones en función de la evolución de la situación.

Asimismo, PwC señala que la magnitud que alcance el incremento de la morosidad dependerá, en gran medida, de la evolución de las variables macroeconómicas, con especial atención al empleo, que es el indicador más estrechamente interrelacionado con la capacidad de pago de los deudores.

“Si el mercado laboral se recupera, el daño en el balance de las entidades financieras será moderado. Sin embargo, la evolución reciente de la pandemia y las sucesivas medidas de contención adoptadas para frenarla, con el consiguiente impacto en la actividad económica, no permiten ser optimistas sobre la morosidad”, reconoce en su informe.

LA RATIO CRECERÁ AL 7%-8%

También el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido recientemente de que la tasa de dudosos crecerá de forma significativa en los próximos trimestres, “incluso en el escenario más benigno”, por lo que ha instado a las entidades a persistir en la anticipación de los reconocimientos de los deterioros del crédito, evaluando las necesidades de provisiones de acuerdo con escenarios plausibles y conservadores para los próximos ejercicios.

Los bancos están constituyendo progresivamente un colchón extraordinario de provisiones (5.000 millones en 2020) en previsión de un empeoramiento de la situación macroeconómica. Según PwC, esto equivale a pensar que la ratio de morosidad crecerá hasta el 7,5%. “¿Es mucho o es poco? Nadie lo sabe, porque dependerá de cómo evolucione la crisis, pero las autoridades supervisoras tienden a pensar que los bancos se han quedado cortos y prevén menos problemas de los que cabe esperar en el futuro inmediato”, advierte la consultora.

El experto de Bain & Company calcula que la morosidad terminará 2021 entre el 7% y el 8%, si bien no descarta que a lo largo de 2022 pueda superar los citados niveles. De su lado, Fitch Ratings situó el pico de morosidad en 2022, en un rango de entre el 6,5% y el 8%, dependiendo del ritmo de recuperación económica.

¿MÁS PROVISIONES POR LAS NUEVAS AYUDAS DIRECTAS?

El Gobierno español trabaja en un nuevo programa de apoyo para proporcionar ayudas directas a las empresas afectadas por la crisis, que podría materializarse a través de inyecciones de capital en las compañías o condonación de la deuda, entre otras medidas.

En un informe emitido esta semana, Credit Suisse sostiene que la banca española tendrá que incrementar aún más las provisiones contra las insolvencias esperadas, tanto si se amplía el plazo de vencimiento de los avales ICO como si se produce una condonación de deuda. “En cualquiera de estos escenarios, esperamos ver un recargo en las provisiones de cada uno de los bancos españoles”, ha señalado.

A la espera de conocer los planes del Gobierno para implementar más ayudas para empresas, Credit Suisse evalúa un escenario en el que las entidades deben trabajar con todas las partes implicadas para ampliar el plazo de vencimiento de los préstamos garantizados, lo que implicaría que cualquier préstamo ICO se tendría que definir como reestructurado, siendo necesario realizar un trasvase de los mismos hacia ‘Stage 2’, clasificándolos así como ‘normales en vigilancia especial’.

Si se asume que los bancos mantienen sus ratios de cobertura sin cambios, a pesar de haber migrado prácticamente la totalidad de los ICO a ‘Stage 2’, tendrán que realizar un aumento de provisiones, asegura Credit Suisse.

De la misma opinión es Barclays, que en otro informe publicado en los últimos días asegura que una cancelación de parte de la deuda implicaría una renegociación privada que motivaría un incremento de las provisiones, además de que podría desencadenar acciones legales contra el Gobierno por las pérdidas sufridas por los bancos.

En cualquier caso, Barclays ve “poco probable” que el Gobierno instrumente las ayudas directas a empresas mediante quitas de deuda en los créditos avalados por el ICO, al tiempo que considera que una inyección de capital directa proporcionaría a las empresas un alivio sin plantear un desafío a la legislación española, facilitando una renegociación ordenada entre bancos y prestatarios.



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