El alcalde de Los Palacios (Sevila) ve «insuficiente» el pacto de los remanentes pero apoya su aprobación

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 21 Ago. (EUROPA PRESS) –

El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y vicepresidente tercero de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Juan Manuel Valle (IP-IU), ha opinado que el acuerdo alcanzado entre la FEMP y el Gobierno central para movilizar los remanentes acumulados por las entidades locales es «insuficiente y mejorable», pero considera «que sería un error histórico que no prosperase» dicho pacto, pues los municipios están «afrontando a pulmón los gastos extraordinarios» de la irrupción de la pandemia y la nueva crisis.

Rememorando que ayuntamientos como el de Los Palacios carecen de superávit presupuestario» e incluso están «en números rojos», Valle ha alertado de que tales administraciones locales están «sufriendo desde hace años unas condiciones muy severas impuestas por el Ministerio de Hacienda en los planes de ajuste que, a modo de ejemplo, nos impiden pedir préstamos para financiar inversiones a largo plazo».

Para el alcalde de Los Palacios y Villafranca, «en España, con este sistema, se está condenando a muchos pueblos a ir a una velocidad mucho más lenta que otros, provocando que unos ciudadanos estén discriminados frente a otros».

Por eso, considera «un ejercicio de cinismo que desde el PP se pretenda abanderar ahora la reivindicación del municipalismo para que los ayuntamientos puedan disponer del dinero que tienen ahorrado en los bancos, cuando precisamente fue el PP de Rajoy y Montoro el que en el año 2012 aprobó la Ley de estabilidad presupuestaria que prohibía expresamente a los ayuntamientos disponer de su dinero en unos momentos en los que también hizo mucha falta».

«Durante los gobiernos de Rajoy, ni el PP ni sus alcaldes se atrevieron a levantar la voz en defensa de los ahorros municipales y de los ayuntamientos en riesgo financiero cuando realmente hacía mucha falta, porque los ayuntamientos tuvimos que afrontar una situación de grave crisis social con miles de parados en nuestros pueblos y con cientos de autónomos y empresas cerrando. Más bien hicieron todo lo contrario, aplaudieron las medidas con las que prácticamente nos han intervenido las cuentas y todos los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones se quedaron en los bancos», avisa el alcalde palaciego.

«Si de verdad tienen tanta voluntad», emplaza Valle al PP, «podrían proponer la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, que actualmente obliga a pagar primero toda la deuda con los bancos y que es el responsable de toda la normativa posterior que ha limitado la autonomía local con fuertes imposiciones en el control del gasto y en la disposición de los fondos propios. O quizá podrían ser coherentes en Andalucía y comenzar a pagarnos a los ayuntamientos los atrasos por la PATRICA, una promesa electoral del actual Gobierno del PP y CS, pero que vuelven a incumplir como antes hizo el PSOE».

Así, ha defendido que «mientras no cambie la normativa, los ayuntamientos en riesgo financiero, que no tenemos ahorros, o los que cuentan con ahorros insuficientes, en momentos tan difíciles como los actuales, necesitamos que se mejore el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno, pero nos urge que no se paralice y que las diputaciones provinciales pongan todo su superávit y remanentes para poder desarrollar inversiones en nuestros pueblos, aunque seamos mayores de 20.000 habitantes».

«Afortunadamente la Diputación de Sevilla es la que cuenta con más recursos en los bancos y estoy convencido de que el presidente hará todo lo posible para garantizar un reparto justo del que podamos participar los que peor estamos, cuya situación conoce muy bien, independientemente de la población», ha augurado, toda vez que el acuerdo, a grandes rasgos, contempla que las entidades locales que voluntariamente se adhieran y pongan a disposición del Gobierno central sus remanentes de tesorería, actualmente «bloqueados» por la Ley de Sostenibilidad Financiera de 2012, irán percibiendo en 2020 y 2021 una parte de los mismos en concepto de ingreso no financiero, para recibir el resto de la cuantía cedida en un plazo de diez años que arranca en 2022.