Todo, desde el clima de “extrema violencia” en el que se llevó a cabo la cuestación popular para financiar la compra del pazo hasta el hecho de que tras la muerte de Franco siguieran vigilando la propiedad una docena de guardias civiles, ha servido esta mañana a los abogados de la demanda para moldear ese escenario propicio en el que Meirás acabe siendo devuelto al patrimonio público. El pazo, tal y como acreditaron en el juicio, fue engrandecido y sostenido con dinero del Estado y otras Administraciones durante mucho más tiempo de lo que duró la dictadura. Y además, los letrados de la parte demandante (Estado, Xunta, Ayuntamientos de Sada y A Coruña y Diputación) consideran probado que Franco cometió un “fraude”, con un contrato de compraventa simulado y con un precio ficticio, con el fin de inscribir el bien a su nombre en el registro.

También sostienen que los herederos actuaron de “mala fe” porque eran conocedores de esta situación y se arrogaron la propiedad. “Si Meirás fue adquirido con el dinero y el sudor del pueblo, debe ser devuelto al pueblo”, ha zanjado al final de su intervención el abogado de la Xunta de Galicia Carlos Abuín, citando las “devoradas ubres” y las “miserables vidas” del poema El hambre de Miguel Hernández. “Es de justicia que sea así, y que se condene en costas a los demandados”, ha concluido en la sesión en la que la futura suerte de Meirás ha quedado vista para sentencia.

El letrado del Estado en la causa, Javier Suárez, ha pedido a la juez titular de Primera Instancia 1 de A Coruña, María Canales, que no haga solo “justicia legal”, sino “un pequeño acto de justicia histórica”. Porque Meirás, desde 1938, “se embelleció con fondos públicos y dinero del pueblo en unas circunstancias históricas terribles” y Francisco Franco se “apoderó del bien ilícitamente”, algo que “no debe ser amparado por el estado de derecho”. El letrado de la familia del dictador, en contraposición, ha reclamado a la magistrada que se haga “justicia objetiva” porque este es un proceso civil y no debe convertirse en “político”. “Este juicio no va de si Franco era muy malo, malo o poco malo”, ha reprochado Antonio Gil, en una intervención que alargó casi tres horas para defender, hasta la mínima brecha, el derecho de los seis nietos del Generalísimo a detentar la propiedad del pazo de Meirás. En total, las conclusiones de los letrados se han extendido cerca de ocho horas sin apenas descanso.

“El proceso de financiación de la compra del pazo no es un tema baladí”, ha insistido el abogado del Estado, la Administración que presentó la demanda contra los Franco en julio de 2019 y a la que se adhirieron todas las demás. “Sostenemos que fue de naturaleza coactiva, y las consecuencias de no pagar eran mucho más graves que las de no pagar un tributo”. “¿Pero qué relevancia tiene el carácter voluntario o forzoso en este procedimiento?”, le ha preguntado cuando ha llegado su turno el abogado de los herederos y de la mercantil Prístina, SL, fundada por los nietos: “Es irrelevante a efectos de este juicio, no digo que lo sea a efectos de justicia histórica. A todos nos han contado la historia, todos tuvimos abuelos. Lo que no podemos saber es el porcentaje de quienes hicieron aportaciones voluntarias o forzosas”.

Existen dos contratos ante notario, el que se conocía, de 1941, en el que aparece como comprador Francisco Franco, y otro que descubrió el año pasado la Abogacía del Estado, fechado en 1938, por el que la llamada Junta pro Pazo, formada por los prohombres del régimen en A Coruña, compran el inmueble por un precio muy superior (406.000 pesetas frente a 85.000). La vendedora es la misma, Manuela Esteban Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, dueña original de las Torres de Meirás. La familia da por bueno el título del 41, con el que Franco pudo inscribir en el registro, a su nombre, el palacete.

La defensa ha insistido hoy en esto a pesar de aceptar la tesis de los demandantes de que Franco no pagó nada por el pazo (”nadie discute que el dinero de Meirás no saliese de su bolsillo”, ha admitido el letrado) y que la cantidad reflejada en el documento, además, es ficticia. Según Antonio Gil, ese contrato era necesario entre otras cosas porque la asociación que abonó el precio en 1938 “no tenía entidad jurídica” y no era, por tanto, “sujeto de derecho”. El Estado y todas las Administraciones demandantes, en cambio, ven “fraudulento” el contrato del 41, en el que la misma propietaria vendía por segunda vez la mansión. “¿Cómo se puede sustentar la posesión de un bien en la comisión de un hecho delictivo?”, ha planteado el letrado de la Xunta. “Fue un fraude y logró su fin”, ha dicho el abogado estatal: “Generar esa apariencia de que la propiedad era privada. Cuarenta años de dictadura arrojaron sobre esto un manto de silencio”.

“¿Tiene algún sentido que Franco decidiera culminar con una chapuza, un contrato simulado y fraudulento, el proceso de trasmisión?”, se ha preguntado el letrado de los nietos, para quien de lo que se está tratando en A Coruña estos días es de “privar del inmueble a quienes a día de hoy no son más que unos ciudadanos”. “Es una evidencia que una vez muerto Francisco Franco, Meirás dejó de ser la residencia del Jefe del Estado”, ha insistido hoy varias veces Gil Evangelista, y ha esgrimido que a partir de entonces la familia sí asumió obras como la renovación eléctrica y la rehabilitación 20 años después del incendio del 78 que devoró un ala del inmueble. Sobre esta obra, el abogado de la Xunta ha asegurado que los Franco la llevaron a cabo “sin ningún proyecto de ejecución, sin planos ni licencias”, algo a lo que ha contestado, en su turno, el letrado de los nietos del dictador: “No alcanzamos a comprender que se afirme que las obras se acometieron sin licencia o de manera clandestina”.

Los demandantes consideran que el pazo fue donado por el pueblo de A Coruña a Franco en calidad de Jefe del Estado, mientras la familia insiste en que la “intención” en todo momento fue hacerle esa ofrenda a título personal. “No se dona a Franco por sus cualidades personales”, ha defendido Suárez, sino para “establecer la sede de la Jefatura del Estado” durante un tiempo, cada año, en la provincia gallega. “Fue una adquisición con fondos públicos para un fin público”, ha dicho. Y una de las pruebas el abogado la encuentra en el propio discurso de Franco, prometiendo “una serie de infraestructuras”, cuando le hicieron entrega de Meirás, en diciembre de 1938: “Acepto gustoso y hay que estudiar la manera de compensar estos sacrificios”. El letrado público ha puesto ejemplos de varias propiedades donadas a mandatarios españoles que acabaron incorporándose al patrimonio nacional, como “la finca La Mareta [Lanzarote], donada por Hussein II de Jordania” al anterior Rey en 1989, o como “el famoso Mercedes que Hitler le regaló a Franco el día de su cumpleaños”.

“En el pazo de Meirás, todas las obras fueron pagadas con fondos públicos. Todo, absolutamente todo, hasta los gastos más mínimos”, ha recordado Javier Suárez en su intervención de dos horas y media. Ya desde el primer momento, durante los trabajos de construcción del cierre perimetral, según ha dicho el muro de piedra “incluyó las fincas colindantes”, tierras de labor que no eran del pazo, “dos o tres años antes de que se firmasen las escrituras” de expropiación de los vecinos.

Al menos del 38 al 75, el hecho de que Meirás “dependiese para todo de la Casa Civil, igual que en El Pardo”, la residencia oficial en Madrid durante el Franquismo, significa para los demandantes que, aunque el pazo no hubiese sido donado a la Jefatura del Estado, habría sido adquirido conforme a derecho “por usucapión”, y se habría producido la “afectación a dominio público”. Esta afectación, en el marco constitucional, es “imprescriptible”.

En contra de lo que argumenta la defensa, la Abogacía del Estado y las demás Administraciones personadas creen que la familia de Franco actuó de “mala fe”. “Suponemos que [los nietos] saben que el título de compra era simulado, porque saben que Meirás fue una donación”, ha dicho Suárez. Y a continuación ha citado “una entrevista en la que Francisco Franco Martínez-Bordiú”, uno de los descendientes, “cuenta que fue un regalo del pueblo de Galicia, porque implicaba un beneficio para los gallegos”.

“El pazo quedó en mera situación de inercia tras la muerte” del dictador, ha explicado el abogado público. “Dejó de destinarse a un uso institucional intenso, pero Carmen Polo era tratada como una primera dama y permaneció allí un dispositivo de seguridad como no conocemos en ninguna residencia privada”. Eran, tal y como recogen los investigadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo y como hoy han repetido varios de los letrados de las instituciones personadas, “11 guardias civiles y un suboficial al mando” hasta 1977, cuando aún se celebró en la capilla la boda de la nieta Merry Martínez-Bordiú con Jimmy Jiménez-Arnau.

En aquella fiesta fue el instituto armado el que, en los accesos, “controló la lista de invitados” ha dicho Suárez, recordando la declaración de Babío el pasado martes. Desde ese año y hasta aproximadamente 1982, el destacamento se redujo a cinco agentes y un mando. Pero antes y después, hasta 1990, siguió trabajando en el lugar el llamado “guardia hortelano”, otro agente del cuerpo de seguridad del Estado encargado de atender la granja que funcionó durante toda la dictadura en Meirás y cuyos beneficios, según ha insistido la defensa, se embolsaba el propio Franco como titular. El abogado de los nietos del dictador ha restado importancia a la presencia de este guardia civil todavía 12 años después de la muerte de Franco: “Era una prerrogativa que conservaba Carmen Polo como viuda del Jefe del Estado”.



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