Con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, Alianza por la Solidaridad/Action Aid denuncia el impacto que la pandemia está teniendo en los derechos fundamentales de las mujeres.

Una investigación realizada por la organización en cuatro continentes revela cómo en los ocho meses transcurridos desde que comenzó la pandemia del SARS-COV-2, la situación de los derechos humanos de las mujeres ha empeorado en casi todos los países del mundo y además:

  • Solo un 12% de los gobiernos ha tomado medidas para protegerlas.
  • Pese a la gravedad de la situación, Se ha comprometido menos del 0,3% de los fondos necesarios para proteger a las mujeres de la violencia.

Dramático aumento de la Violencia de género durante la pandemia

La situación originada por el COVID 19 y todas las medidas adoptadas para su contención han puesto en grave riesgo a muchas mujeres que se han visto confinadas con su agresor, desencadenando, aumentado y agravado situaciones de violencia de género en todas sus formas.

La investigación “Una respuesta liderada por mujeres”, basada en encuestas realizadas a nuestras socias y a los movimientos de mujeres en América, Europa, Asia y África, en la que se comparan los datos de marzo/abril de 2020 con los del mismo período de 2019, nos deja datos escalofriantes:

  • En Bangladesh, por ejemplo, redes de apoyo a las mujeres confirman un aumento del 345% en los casos de violencia física por razón del sexo y otro impactante aumento de la violencia en los campos de personas refugiadas Rohingya.
  • En Palestina, la organización ha visto incrementarse hasta un 700% la demanda de asesoramiento por parte de víctimas de violencia de género, mientras se cerraban servicios; en este caso, para contrarrestarlo, la ONG ha elaborado un manual para la atención vía telefónica.
  • En Bolivia, sólo hasta septiembre pasado (últimos datos oficiales) el número de feminicidios se elevaba a 125.
  • En Colombia, son ya 209 mujeres y niñas las que han muerto por razón de su género este año (hasta el 25 de noviembre), según datos del Instituto Forense del país.
  • En España,según datos hechos públicos por el Ministerio de Igualdad, las llamadas al 016 han aumentado durante el estado de alarma un 41,4% respecto al mismo periodo de 2019 (entre 14 de marzo y 31 de mayo de 2020) y las consultas telemáticas por correo electrónico han subido un 450,5%.

Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde que comenzó el confinamiento se han recibido de toda España 18.700 peticiones de ayuda a los servicios de asistencia a víctimas de violencia de género. Esto supone un aumento del 61,56% al haber registrado 7.125 peticiones más respecto al año anterior cuando las mujeres atendidas del 14 de marzo al 15 de mayo fueron 11.575.

Además del aumento generalizado de la violencia, la investigación revela que las mujeres son las más afectadas por la COVID-19 como trabajadoras de la salud, educadoras en el hogar, cuidadoras y también las que más se están enfrentando al desempleo.

Falta de Respuesta de la Comunidad Internacional

La  pandemia en la sombra’  de la violencia, la violación y el asesinato de mujeres sigue siendo la parte más ignorada y menos financiada del Plan Global de Respuesta Humanitaria para la COVID-19 de Naciones Unidas:  solo un 0,3% de la financiación necesaria para proteger a las mujeres de la violencia ha sido comprometida hasta el momento.

Naciones Unidas estimaba la pasada primavera que se necesitan 6.710 millones de dólares para apoyar a los países con sus Planes de Respuesta Humanitaria a la COVID-19, de los cuales al menos unos 45 millones de dólares se necesitarán para combatir la violencia de género a nivel mundial. Sin embargo, en mayo, no había ninguna mención específica de la violencia de género ni en el Observatorio de Políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que resume las respuestas económicas y sociales clave de 193 países a la pandemia, ni en las respuestas de protección social y laboral del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A pesar del reconocimiento del problema de la violencia, se había comprometido menos del 0,3% de la financiación necesaria para su protección.

Solo un 12% de los países han tomado medidas contra la violencia de género

A pesar de la situación, lo cierto es que la mayoría de los países del mundo no está tomando las suficientes medidas para proteger a las mujeres y las niñas de las consecuencias económicas y sociales de la crisis de COVID-19.

ONU Mujeres y el PNUD han detectado a través del Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19 que únicamente uno de cada ocho países  ha puesto en marcha medidas específicas de protección social y laboral que cubren las necesidades de las mujeres.

El rastreador recopila y analiza más de 2.500 políticas de 206 países y territorios para evaluar qué están haciendo los gobiernos para abordar la violencia contra las mujeres, garantizar la seguridad económica de las mujeres y apoyar las tareas de cuidados no remuneradas.

Necesidad de adoptar medidas urgentes

Ante esta situación, Alianza por la Solidaridad-Action Aid considera prioritario que se adopten una serie de medidas, tanto a nivel global como nacional, que garanticen  la lucha contra la violencia de género, que constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal:

  • Garantizar urgentemente las necesidades de financiación del plan de la ONU para que lleguen a las organizaciones locales de mujeres y a las redes de derechos de las mujeres que trabajan en la primera línea de las crisis y los desastres.
  • Adoptar políticas nacionales de tolerancia cero frente a la violencia de género y movilizar el máximo de recursos y medidas para prevenirla y responder a ella.
  • Clasificar urgentemente los servicios de violencia de género como servicios esenciales y asegurarse de que las fuerzas del orden, los servicios de salud y otros responsables de dar respuesta, les den prioridad.
  • Ampliar urgentemente las respuestas de protección social que sustentan los empleos y los medios de vida de las mujeres, en particular las del sector informal y la agricultura.
  • Aumentar los fondos para las organizaciones de la sociedad civil que dirigen servicios inclusivos de prevención y respuesta a la violencia de género dirigidos por mujeres.

 





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