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Pepe Mejía | Varios grupos de trabajo y expertos independientes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU examinan la violenta paliza que recibió un ciudadano afroamericano por parte de diez agentes de la Policía Nacional en su domicilio.
Los hechos denunciados se produjeron el día 26 de junio de
2020 en el distrito de Carabanchel, Madrid. La víctima, un hombre
afroamericano, grabó desde el balcón de su casa, una actuación policial
inadecuada de cuatro agentes con una persona negra. Fue entonces cuando uno de
los policías se percató de que les estaban grabando. Horas más tarde, los
mismos agentes identificaron al joven afroamericano, sin motivo alguno, a la
salida de su domicilio. Al no tener la documentación a mano, subieron con él a
su casa, donde habría recibido una violenta paliza por varios agentes de la
Policía Nacional, hasta el punto de haber sido sacado a rastras de su
domicilio.
Según consta en la denuncia enviada al Comité contra la
Tortura de las Naciones Unidas, el Relator Especial contra el Racismo, el
Relator Especial sobre derechos de personas migrantes y el Grupo de Trabajo de
Expertos sobre Afrodescendientes, hasta diez agentes de la Policía Nacional se
abalanzaron sobre él y le golpearon sin que opusiera resistencia, arrastrándolo
desde el pasillo de su casa al rellano. Un vídeo adjuntado a la denuncia
muestra a varios agentes que no portaban el número de identificación
obligatorio y que señalan que lo identifican por grabarles con el móvil. “Como
no llevaban su identificación visible, les pedí su número de placa para
denunciarlos, y me lo negaron en todo momento”.
El incidente tuvo lugar poco tiempo después del asesinato de George Floyd a manos de un policía estadounidense y en plena ola mundial de protestas contra el racismo y la violencia policial. Resulta relevante, porque al comprobar los agentes que la víctima tenía nacionalidad norteamericana, uno de los agentes puso su rodilla sobre su cuello y comenzó a hacer bromas sobre la muerte de Floyd, mientras los demás le propinaban patadas y puñetazos dentro de su domicilio.
“El propósito de la agresión fue el de humillar a la víctima
por su color de piel y nacionalidad. Usar el terror, la violencia y las penas
corporales para que borrase las imágenes de una actuación policial
supuestamente inadecuada hacia otra persona afrodescendiente, por temor a que
las imágenes fueran viralizadas y pudieran ser acusados de abuso policial”,
relatan las denunciantes.
La víctima refiere haber sufrido asfixia, temor por su vida y
sentimientos de humillación e indefensión ante las risas de los agentes. “Tuve
mucho miedo…Sentía terror porque no sabía hasta donde podían llegar…Toda la
situación era terrible…en un país democrático…pensé en todas las noticias
en las que cuentan abusos policiales a negros, en las que nunca hay testigos… quizás
lo más terrible era que quedaba claro que este tipo de cosas eran habituales…”
Fue detenido y trasladado a la comisaría del distrito
Carabanchel, donde sufrió coacciones y chantajes para conseguir el borrado de
las imágenes grabadas en su móvil. Ni tuvo acceso a un intérprete, ni le
permitieron informar de su detención a la embajada de EEUU en España, ni
comunicarse con un tercero durante todo el tiempo que duró la detención.
El pasado mes de noviembre, Naciones Unidas hizo públicos los
resultados de su investigación “Covid-19, racismo sistémico y protestas
mundiales”, en el que sitúa a España
entre los países más veces señalados en relación a la violencia contra personas
afrodescendientes, solo por detrás de los Estados Unidos. Los casos de racismo
policial citados en el informe de la ONU fueron remitidos por el Equipo del
Decenio Afrodescendiente en España y la
organización RIS, en junio 2020. Ambas organizaciones también contactaron con
el Ministerio de Igualdad y el Ministerio del Interior para solicitar una
actuación urgente ante los crecientes abusos policiales racistas durante el
estado de alarma. “A pesar de ello, no se ha adoptado medida alguna, desde
junio hasta hoy, para corregir las deficiencias y violaciones señaladas, ni se
han modificado políticas, ni se han llevado a cabo investigaciones” sentencian
las dos organizaciones.
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