SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) –

La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática ha mostrado este lunes su rechazo al Proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2021 porque supone un “recorte” del 14% a las actuaciones en esta materia respecto al de este año, del que critica que su grado de ejecución a 30 de septiembre se sitúa en el 17%.

“Dos años de gobierno evidencian el desmantelacmiento de las poltiias de memoria histórica de forma intencionada y silenciosa”, ha criticado el portavoz de la coordinadora, Antonio Manuel Mateos, quien ha censurado que esto parecer ser “uno de los peajes que hay que pagar a la ultra derecha”, con quienes PP y Ciudadanos “cada vez están más cómodos ejecutando sus órdenes”.

El portavoz he expuesto que ese “descenso” del dinero para actuaciones de memoria se suma a los del presupuesto de 2019, cuando la partida para estudios y trabajos técnicos para exhumaciones registró, según asegura, un descenso del 11,57% con respecto a 2018; del 75% para los convenios con administraciones locales para proyectos de exhumaciones, o que la ejecución total de las políticas de memoria se situaron “ni en el 61%”. “El desmantelamiento desde muy temprano fue notable”, ha agregado.

Así pues, ha criticado que “la actitud del gobierno autonómico no hace mas que allanar el camino para que la extrema derecha imponga su hoja de ruta en su propósito de desmantelar las políticas de memoria histórica”, y como más ejemplos de ello ha recordado que el Comité Técnico de Coordinación de la Memoria Democrática, el que aprueba exhumaciones, no se reúne desde el 4 de diciembre de 2018.

En este sentido, ha subrayado que que en estos cerca de dos años de gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía se han llevado a cabo cinco intervenciones en fosas, ya aprobadas por el anterior gobierno del PSOE, y la firma de dos convenios que “se remontan a 2007” para los trabajos de la fosa de Pico Reja o las del Cementerio de la Salud y de San Rafael, en Sevilla y Córdoba respectivamente.

Asimismo, ha ahondado en que el no haber realizado esas cinco exhumaciones “hubiese supuesto un grave incumplimiento de los contratos”, con el consiguiente pago de indemnizaciones por parte de la Junta.

Ha afeado que el Informe de Seguimiento de las actuaciones en Materia de Memoria Democrática resume “en solo nueve páginas dos años de actuaciones”, que “no se ha hecho nada” sobre nuevos lugares de memoria o investigación, que “se han recortado las subvenciones a entidades”, pasando de 260.000 euros a 75.000, con la convocatoria de 2019 que aún no se ha resuelto.

“Han pasado dos años desde que la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, metiera el decreto de simbología en un cajón: ni hay decreto, ni hay orden. Hay un comité técnico aún no se ha reunido por primera vez. Tampoco tienen reglamento sobre el que valorar y pronunciarse”, ha lamentado.

En este sentido, Mateos ha anunciado que la Coordinadora ha registrado un escrito para la Consejería con casi 100 símbolos y vestigios franquistas que permanecen aún en el callejero de las diferentes provincias andaluzas.

También ha censurado que la Junta está permitiendo “incumplimientos flagrantes de la ley” con las “obras no autorizadas” en el Barranco del Carrizal (Granada) o en Almadén de la Plata (Sevilla).

Por último, ha criticado que en materia de intervenciones “siguen pendientes de inicio” proyectos acordados para intervenir en las 41 fosas que fueron aprobados el 24 de julio de 2018 y el 4 de diciembre de 2018, y que “tampoco ha existido ninguna implicación de la Junta” en la fosa de Nerva (Huelva), o las de Utrera (Sevilla), de Pinos Genil (Granada) o Hinojos (Huelva), todas financiadas por otras administraciones.

“Esto demuestra que han pasado ya dos años de falsedades e incumplimientos de lo que supuestamente es la prioridad de la consejera”, ha indicado Mateos, quien ha apremiado a los grupos parlamentarios a instar al gobierno de la Junta a que el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía recoja en sus reuniones un informe de gestión y ejecución de las partidas presupuestarias.



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