En reserva por un periodo de dos años declaró la Presidencia de la República la información sobre el proceso de contratación del asesor venezolano Miguel Arvelo, según dio a conocer la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)  de la Presidencia, la cual también mencionó que no existen registros de contratación de la también asesora venezolana Sara Hanna Georges.

La respuesta fue dada luego de que por medio de una solicitud hecha por un ciudadano por  medio de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en la que se pidió los cargos que ejercen ambos asesores en Casa Presidencial desde el  junio de 2019 a la fecha, así como sus currículums vitae y los contratos vigentes y vencidos de ambos.  

Georges y Arvelo fueron señalados como los delegados de Casa Presidencial de ordenar a los empleados del  Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública (LVSP) que dejara de recibir las muestras enviadas desde hospitales y unidades de salud para confirmar o descartar covid-19, según lo denunciado  por  la jefa del referido laboratorio, Ruth Carolina Vásquez, y la coordinadora del departamento de Virología de ese mismo laboratorio, Delmy Liseth Recinos, ante la subdirectora del Instituto Nacional de Salud (INS), Xochilt Sandoval, a través de un memorando fechado 1 de junio de 2020.

Arvelo también fue señalado por malos tratos por los empleados del Laboratorio Max Bloch. 
En la notificación de  la UIAP, sin embargo se menciona que desde la Gerencia Administrativa de CAPRES se informó que no se encontraron registros de contratación de ninguno de los dos sudamericanos. Empero, el director de Adquisiciones y Contrataciones Institucional manifestó que “dicho proceso se encuentra en calidad de reserva, razónpor la cual no puede ser divulgada” amparándose en el artículo 76 inciso 1º literal b de la LAIP.

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