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En el documento presentado se acusa que la diócesis actuó de forma negligente, encubriendo y evitando investigar los hechos denunciados por Marcelo Soto, Sebastián del Río, Gustavo Donoso, Marcelo Rodríguez y Mauricio Pulgar, quienes fueron internos del Seminario Mayor San Rafael de Lo Vásquez entre 1992 y 2007.
El pasado 5 de agosto, el Arzobispado de Valparaíso fue demandado por 1.250 millones de pesos por las víctimas de abuso sexual cometidos por sacerdotes de la región.
El abogado Juan Pablo Hermosilla interpuso esta acción legal en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ya que la principal autoridad eclesiástica goza de fuero. Por esta razón el tribunal de alzada deberá designar a un ministro para que tramite la causa.
De acuerdo a radio Bío Bío, en el documento presentado se acusa que la diócesis actuó de forma negligente, encubriendo y evitando investigar los hechos denunciados por Marcelo Soto, Sebastián del Río, Gustavo Donoso, Marcelo Rodríguez y Mauricio Pulgar, quienes fueron internos del Seminario Mayor San Rafael de Lo Vásquez entre 1992 y 2007.
Ellos denuncian que Mauro Ojeda, Javier Prado y Gonzalo Duarte, todos autoridades eclesiásticas, escucharon sus denuncias, pero encubrieron los delitos de abuso y violación.
En el libelo se cuestiona el silencio de las autoridades religiosas. Ponen de ejemplo que el Obispado de San Felipe, que era encabezado por entonces el obispo Cristián Contreras Molina, «mantuvo paralizada la investigación canónica en contra de sacerdote Humberto Henríquez desde 2012 hasta 2018”.
Henríquez y Jaime Da Fonseca fueron condenados finalmente, pero a fines de 2019, y de manera canónica por el Papa Francisco, aplicándoles la pena de “dimisión del estado clerical”.
“Ninguna de las condenas canónicas mencionadas se hizo cargo de la responsabilidad que le cabía a las autoridades de la diócesis (…) por los constantes actos de encubrimiento, omisiones de investigación y acciones de amedrentamiento a las víctimas”, agrega la presentación.
El Arzobispado de Valparaíso señaló al citado medio que aún no ha sido notificado de la acción legal.
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