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La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, reivindicó este jueves el legado de los socialistas Francisco Largo Caballero —presidente del Gobierno durante la Guerra Civil— e Indalecio Prieto —ministro durante la II República—, cuyas estatuas quiere retirar el gobierno municipal de Madrid alegando que así lo obliga la Ley de Memoria Histórica. “Fueron dos memorias honrosas”, dijo Calvo, tras subrayar que ambos tuvieron responsabilidades políticas “gracias a las urnas”. Y añadió: “Cuánta razón lleva el Gobierno de España cuando quiere proteger su memoria democrática para todos y en todos los lugares”.
La número dos del Gobierno se reunió este jueves con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el también socialista Abel Caballero, para abordar el papel de los Ayuntamientos en la puesta en marcha de la nueva ley de memoria democrática, cuyo anteproyecto aprobó el Ejecutivo el pasado 15 de septiembre. Para Calvo, la memoria histórica representa un «gran asunto” en España y la nueva ley tiene que llegar “hasta el último rincón del país”. Por ello, anunció que el Consejo de Ministros del próximo martes establecerá una orden de subvenciones de 750.000 euros para la FEMP, con el fin de seguir este año con la búsqueda de fosas comunes y la identificación de desaparecidos.
La vicepresidenta señaló que los caídos de la Guerra Civil y del franquismo deben tener un “estatuto jurídico de víctima de manera rigurosa”, y consideró que todavía hay que hacer “muchos esfuerzos” para recuperar los restos de “quienes pelearon por defender la legalidad, el orden constitucional y la democracia”. “Hay que llegar a tiempo”, afirmó.
Por su parte, Caballero explicó que la Federación Española de Municipios y Provincias ofrece su red territorial a los miles de Ayuntamientos que quieran proceder con la identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
El Gobierno prevé que la nueva norma —que sustituirá a la de 2007, aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero— entre en vigor en los primeros tres meses de 2021. Entre las novedades destacadas está la creación de un banco de ADN para identificar a los fusilados que sean recuperados de fosas comunes y cunetas.
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