Natalia González se basa en dos informes técnicos para justificar la exclusión de algunas mejoras

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) –

La Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) ha aprobado este viernes el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE e IU, y la abstención de Vox, por lo que ha sido necesario el voto de calidad de su presidenta, la concejala de Bienestar Social y Derechos, Natalia González.

Al término de la reunión, González ha señalado que el objetivo de esta nueva licitación es adaptar el servicio a las necesidades de la población del municipio, mayoritariamente a las personas de más de 80 años.

La concejala ha destacado que los nuevos pliegos responden a las necesidades detectadas en el Plan de personas mayores y también a la atención a la soledad.

Entre otras cosas, ha resaltado, de la prestación de la atención a domicilio a usuarios y usuarias, la incorporación de nuevos servicios como el ‘respiro familiar’ o ‘la atención intensiva en situaciones especiales’, así como el incremento de las horas de atención.

El servicio de respiro familiar y la atención intensiva en situaciones especiales, permiten afrontar, además de las necesidades de las personas mayores o en situación de dependencia que sean usuarias del servicio, las necesidades de los cuidadores y de aquellas personas que necesitan transitoriamente el servicio, tras haber sufrido un accidente o tras un alta hospitalaria.

En cuanto a que el nuevo contrato no refleje todas las mejoras laborales que contemplaba el anterior, ha explicado que para la redacción de estos pliegos se solicitó un informe a la Junta Consultiva Nacional y otro a la Secretaria Municipal del Ayuntamiento.

Según ella, en ambos casos se rechazó “taxativamente” la incorporación a este pliego de las mejoras obtenidas por las trabajadoras del servicio en el anterior convenio.

En este sentido, ha señalado que, si bien han intentado mantener todas las mejoras y pluses de las trabajadoras, “no podemos actuar contra ninguno de estos dos informes, porque estaríamos incurriendo, manifiestamente, en una ilegalidad”, ha justificado.



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