Alcoa anunció este viernes la aplicación del despido colectivo y la hibernación de las cubas de la fábrica de aluminio de San Cibrao(Lugo). En un comunicado a los medios, la empresa señala que el ERE afectará a 524 empleados. Después de haber comunicado en mayo la apertura del ERE y de infructuosas negociaciones durante el verano para su venta, la dirección de la multinacional estadounidense ha decidido parar la producción y cerrar definitivamente la planta de aluminio, dejando a su suerte a los trabajadores que llevan meses movilizándose contundentemente arrastrando con ellos a toda una comarca como A Mariña. La empresa ha obrado de mala fe en todo este proceso, anunciando los despidos en medio de una huelga indefinida convocada por la plantilla desde el 4 de octubre y justo al día siguiente de haber recibido una subvención pública de 900.000 euros por parte del Ministerio de Industria, que se añade a los 1.000 millones de ayudas públicas con los que las administraciones han subvencionado a esta empresa en los últimos 10 años. 

El anuncio de la parada de las cubas resulta especialmente significativo. Estos hornos consumen una enorme cantidad de energía. Al apagarlos, volver a encenderlos supondría una enorme inversión, tanto en electricidad como en mantenimiento. En definitiva, la parada encarece y dificulta muchísimo la entrada de cualquier otro patrón, ya sea el Estado o una empresa privada.  

Tras haber jugado la baza de una venta a Liberty House, levantando expectativas de resolución del conflicto entre los trabajadores que a la postre se revelaron falsas, el Gobierno y la Xunta, que apostaron por un arbitraje que fue un absoluto fracaso, tienen que pasar de las palabras a los hechos y nacionalizar ya la factoría, tal como ha exigido el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan: «Pedimos, exigimos, al Gobierno y a la Xunta que pasen a los hechos: a una intervención pública de la fábrica. Que expropien. Es el momento. No se puede esperar más; que cumplan su palabra». 

Esta era la única solución viable en mayo y ahora se revela como imprescindible para salvar los puestos de trabajo y acometer una necesaria transición ecosocial hacia una actividad no contaminante, modificando el modelo de alto consumo energético que representa Alcoa. Para ello es fundamental una planificación democrática con participación de los trabajadores. La nacionalización no puede ser un rescate para su posterior venta(el ejemplo de las factorías de Alcoa en Coruña y Avilés vendidas a Alu Ibérica se reveló como una estafa a los trabajadores), sino el inicio de un proyecto a largo plazo hacia puestos de trabajo sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Los trabajadores no pueden pagar las barbaridades de una industria que lleva años viviendo de ayudas públicas y que tiene unos beneficios de más de 200 millones de dólares.

La multinacional, que aduce para marcharse la falta de rentabilidad y el bajo precio mundial del aluminio, tiene que devolver las ingentes ayudas públicas recibidas, hacer frente a la deuda ecológica (lleva 40 años provocando daños incalculables en el medio ambiente) y desmantelar la balsa de lodos tóxicos que amenaza con una catástrofe ecológica. 

La Xunta y el Gobierno tienen que dejar de contemporizar, de descargarse mutuamente la responsabilidad y hacer efectiva cuanto antes la intervención pública. La solución no puede quedar en manos de la especulación de los mercados. Es mucho lo que está en juego, el futuro de una comarca y una transición ecológica justa. 



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