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Manuel de la Rosa Hernández | Este 18 de octubre se cumple un año desde que estallaron en Chile grandes revueltas sociales. La chispa saltó a partir de la protesta estudiantil de secundaria contra la subida del metro, que tras ser reprimida brutalmente por el gobierno, desencadenó un amplio movimiento popular en todo Chile que dura hasta hoy.

 

Una lucha que viene de lejos

Estas movilizaciones han sido de las más profundas y masivas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Como consecuencia del rechazo contra el régimen y contra las políticas económicas neoliberales y continuistas con el régimen anterior, las marchas se sucedieron a lo largo de todo el país de forma masiva a pesar de la represión, incluyendo huelgas generales, manifestaciones multitudinarias, ollas populares, durante varios meses.

En estas movilizaciones, donde las fuerzas represivas han sido empleadas a fondo, hubo más de una treintena de muertos, dos mil procesados, centenares de personas presas, miles de heridos y centenares de personas mutiladas (un gran porcentaje lo fueron en su visión por disparos premeditados a los ojos.). A pesar de la brutal represión policial y a que incluso el gobierno de Sebastián Piñera sacó el ejercito a las calles, la movilización no se detuvo.

Las protestas que surgen desde el 18 de octubre en adelante van más allá de las que se dieron en torno al alza de 30 pesos en el pasaje del Metro. Ese incremento abusivo fue el catalizador del larvado malestar social que explosionó con inusitada violencia. Entre los manifestantes se acuñó la famosa frase “no son 30 pesos, son 30 años” en alusión a las tres décadas de democracia tutelada. Se desvela un profundo cuestionamiento del orden social construido durante los gobiernos de la Concertación y del propio Presidente Sebastián Piñera.

En este movimiento existen demandas emblemáticas como son el fin del sistema de AFP’s y por mejores pensiones, la subida del salario mínimo, mejoras en la salud pública y otras. En definitiva lo que se demanda es el fin de los abusos que soportan las grandes mayorías populares por la agobiante mercantilización de la sociedad y el fin de los privilegios de que gozan las élites.

El estallido social se agudiza por la profunda desconfianza de la población hacia el conjunto de las instituciones esenciales de la sociedad, pero también de una perdida de legitimidad de otros poderes del Estado como las FF.AA. y Carabineros, golpeados por innumerables y millonarios casos de corrupción. A ello se suma el Poder Judicial, afectado por el llamado “desastre” de Rancagua, y el propio Ministerio Público, inmerso en una sonada disputa de poder entre fiscales. Ninguna institución relevante se salva. Por ello era y es clave el impulso de un proceso constituyente desde abajo.

La lucha popular chilena concentra las distintas resistencias que se han venido dando en Chile en los últimos treinta años contra el régimen establecido tras la dictadura de Pinochet y que estableció una constitución que dejó intacta muchas de las instituciones estatales, especialmente del Cuerpo de Carabineros, con sus privilegios de casta y elevó a rango orgánico legislativo el ultra liberalismo económico. La denuncia de la gestión de la pandemia, con una sanidad en situación crítica, se suma ahora al repudio al régimen ultraliberal. Chile acumula a día de hoy en torno a 484.280 personas infectadas y 13.396 fallecidas desde inicios de marzo.

 

La lucha vuelve a la calle

A las movilizaciones, aunque se redujeron durante la pandemia, en las últimas semanas se han vuelto a reactivar con el horizonte puesto en el plebiscito sobre una nueva Constitución del próximo 25 de octubre.

Este aniversario de la revuelta del 18 de octubre de 2019 se celebra en medio de grandes movilizaciones por todo el país que ya se vienen dando en los últimos días y que culminarán en esa fechas. El repudio generalizado que provocó la criminal acción de un carabinero que empujó de forma premeditada a un joven de 16 años por un puente al rio, ha puesto en el centro la lucha contra este cuerpo policial y contra el gobierno que lo ampara.

Este 18 de octubre, a pesar de la anunciada y amenaza de represión va a ser un nuevo hito de la lucha popular chilena hacia un horizonte de plenas libertades y justicia social. Cuando se cumple el aniversario del estallido social, no será solo para recordar la fecha, sino para reiterar los cambios exigidos entonces como educación y salud de calidad y para todos, pensiones justas, salarios dignos, igualdad de género y de oportunidades, el reconocimiento a las comunidades indígenas, el fin de los abusos y la desigualdad, entre otros. La movilización de la calle sigue siendo determinante.

La evolución del estallido derivó en una crisis política que se encauzó en el acuerdo entre Gobierno y oposición para celebrar un plebiscito sobre una nueva Constitución Un ejemplo de los condicionantes de ese proceso es que si la ciudadanía chilena ciudadanos elije cambiar la Constitución, la convención constituyente que redacte la nueva Carta Magna «deberá respetar los tratados internacionales adoptados por Chile, incluyendo derechos humanos y aspectos económicos, tales como el resguardo a las inversiones extranjeras», tal y como explica un escrito emitido a todas las embajadas chilenas en el exterior para tranquilizar a los inversores capitalistas.

 

Por una Asamblea constituyente soberana y libre

La fuerza de la lucha popular impuso la convocatoria del plebiscito del 25, los partidos del arco parlamentario han maniobrado y pactado para limitar el alcance de las transformaciones democráticas, económicas y sociales que necesita Chile.

En estos meses pasados en medio de las luchas populares se fue irradiando un amplio debate sobre el modelo de proceso constituyente y sobre el modelo de país, que han cruzado la sociedad chilena de una punta a otra, pero la actual correlación de fuerzas, la cluadicación de sectores de la oposición de izquierdas, han determinado el tipo de consulta que se hará el 25.

Chile un país con casi 19 millones de habitantes está llamado a consulta en el referéndum constitucional este 25 de octubre. El pulso entre el régimen y el pueblo se seguirá dando hasta ese día. 14,5 millones de chilenos decidirán en un histórico plebiscito si quieren reemplazar la actual Constitución, heredada de la dictadura y vista como el origen de las desigualdades que aquejan al país por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos, donde todo se privatizó y se implant un régimen extremadamente neoliberal.

El resultado de la consulta será también decisivo, pero sea cual sea el mismo se va a necesitar mantener el pulso a nivel social pues quedan pendiente la mayoría de las aspiraciones populares por las que también ha salido la población a la calle.

Al calor de la propia movilización, del ímpetu que ella fue adquiriendo, se puso en el centro desde un primer momento el cuestionamiento de la normativa constitucional que impuso la dictadura de Pinochet. Se ha ido masificando la propuesta de Asamblea Constituyente soberana libre, convirtiéndose en la demanda emblemática de la oleada de protesta social que recorre el país. La fuerza de la movilización y de la organización popular, podrían ser decisiva en el futuro.

Manuel de la Rosa Hernández es militante de Anticapitalistas.

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